Ciudad de México.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sí tiene facultades para atender quejas relacionadas con escuelas privadas, al establecer que el pago de colegiaturas constituye una relación de consumo protegida por la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Con esta decisión, el máximo tribunal del país confirmó que los padres de familia y estudiantes pueden acudir a la Profeco cuando consideren que un plantel particular incurrió en cobros indebidos, incumplimientos contractuales o prácticas comerciales que afecten sus derechos como consumidores.
Un criterio que brinda certeza jurídica
Aunque la Profeco ya intervenía en este tipo de controversias, la resolución de la SCJN establece por primera vez un criterio judicial que respalda expresamente su competencia para conocer estos casos.
El fallo deriva de un litigio iniciado hace una década, cuando una escuela particular impugnó una multa impuesta por la Procuraduría tras no asistir a una audiencia de conciliación. Después de varios años de proceso, la Corte determinó que la prestación de servicios educativos mediante el pago de colegiaturas genera una relación de consumo.
¿En qué casos podrá intervenir Profeco?
Con este criterio, la Procuraduría podrá atender reclamaciones relacionadas con:
- Cobros adicionales no previstos en el contrato.
- Cuotas extraordinarias para trámites como titulación.
- Falta de información clara sobre costos o tarifas.
- Incumplimiento de los servicios ofrecidos al momento de la contratación.
- Condicionamiento de servicios educativos a pagos o requisitos no informados previamente.
Además, la dependencia podrá verificar que las escuelas privadas informen de manera transparente sus costos, políticas de pago, cancelaciones y demás condiciones del servicio.
Recomiendan revisar contratos antes de inscribirse
Ante el próximo ciclo escolar, la Profeco exhortó a los padres de familia a comparar distintas opciones educativas, leer cuidadosamente los contratos y solicitar por escrito toda la información relacionada con colegiaturas, cuotas adicionales y servicios incluidos.
La institución recordó que las personas consumidoras pueden presentar quejas cuando consideren que una escuela incumple las condiciones pactadas o vulnera sus derechos.
La resolución también fortalece la coordinación entre la Profeco y la Secretaría de Educación Pública (SEP), que mantienen un convenio para compartir información sobre posibles irregularidades detectadas en planteles particulares.
