MÉXICO.— Los trabajadores del sector privado no tienen garantizado, por ahora, un pago generalizado de 30 días de aguinaldo. La propuesta para aumentar esta prestación continúa dentro del proceso legislativo y todavía no se ha convertido en ley.
La Ley Federal del Trabajo mantiene un mínimo obligatorio equivalente a 15 días de salario. De acuerdo con el artículo 87, el dinero debe entregarse a más tardar el 20 de diciembre.
Algunas empresas pueden otorgar una cantidad mayor cuando así se establece en contratos individuales o colectivos. Sin embargo, ese beneficio no significa que exista una obligación general de pagar un mes completo de sueldo a todas las personas trabajadoras.
¿Qué propone la reforma al aguinaldo?
La iniciativa impulsada por el diputado Eduardo Gaona Domínguez busca modificar el primer párrafo del artículo 87. El proyecto plantea conservar el derecho básico de 15 días y establecer un esquema progresivo relacionado con los años que una persona permanezca en un mismo empleo.
Para quienes tengan menos de 12 meses trabajando, se mantendría el cálculo proporcional al tiempo laborado. La propuesta argumenta que el cambio permitiría reconocer la permanencia y fortalecer los ingresos familiares durante la temporada de fin de año.
La iniciativa todavía no entra en vigor
El proyecto fue turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su análisis, pero el dictamen continúa pendiente y no ha recibido una votación definitiva.
Para entrar en vigor, la modificación tendría que ser analizada y aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado. Después tendría que publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Mientras eso no ocurra, el mínimo legal seguirá siendo de 15 días.
Por ejemplo, una persona con salario mensual de 12 mil pesos tendría un sueldo diario estimado de 400 pesos. Si trabajó todo el año y recibe la prestación mínima, su aguinaldo sería de 6 mil pesos.
Si el patrón no paga antes de la fecha límite o entrega una cantidad incompleta, la persona afectada dispone de un año para solicitar orientación jurídica ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.
