CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.— La huida de un hombre que presuntamente permanecía privado de la libertad permitió que policías municipales localizaran y rescataran a una segunda víctima dentro de una vivienda del fraccionamiento Hacienda de las Torres.
Por estos hechos, Wendolyne R. P., de 34 años, fue vinculada a proceso por su probable participación en el delito de secuestro. Un juez de Control del Distrito Judicial Bravos determinó que los datos presentados por el Ministerio Público eran suficientes para que la investigación continuara bajo proceso penal.
De acuerdo con las indagatorias, el episodio ocurrió el 5 de octubre, cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal atendieron a un hombre que había logrado escapar de un domicilio del citado sector.
La víctima relató a los oficiales que otro hombre continuaba retenido dentro del inmueble. Ante la alerta, los policías se trasladaron a la vivienda y consiguieron poner a salvo a la segunda persona.
Durante la intervención fue detenida en flagrancia Wendolyne R. P., quien posteriormente fue señalada por las víctimas como una de las personas que presuntamente las mantenían retenidas contra su voluntad.
La investigación de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas establece que los dos hombres habrían sido trasladados por distintas personas a varios puntos de Ciudad Juárez. Mientras permanecieron cautivos, presuntamente fueron despojados de sus pertenencias y privados de cualquier comunicación con sus familiares.
Además, los responsables habrían realizado exigencias económicas a cambio de liberarlos. La representación social indicó que las víctimas también habrían sido sometidas a violencia psicológica y moral durante el cautiverio.
El juez impuso a la imputada la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá en el Centro Estatal de Reinserción Social Femenil número 2. Asimismo, concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal de la imputada deberá determinarse durante las siguientes etapas judiciales, bajo el principio de presunción de inocencia.
