CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.— Lo que comenzó como un desacuerdo por la reparación de un tráiler terminó convertido en una denuncia pública que involucra 6 mil 300 pesos, presunta intimidación y temor por la seguridad de una familia.
La comerciante y creadora de contenido juarense Korina Medina difundió un video en TikTok para exponer el conflicto. En la grabación aseguró que entregó dicha cantidad como anticipo para realizar trabajos en un tráiler, pero sostuvo que el servicio quedó inconcluso y con aparentes desperfectos.
Medina señaló que, ante el resultado, solicitó la devolución del dinero e inició acciones por la vía legal. Sin embargo, afirmó que la disputa escaló cuando una mujer relacionada con el prestador del servicio acudió a su establecimiento comercial para grabarla.
Denuncia que menores fueron grabadas
De acuerdo con el testimonio de la influencer, durante esa visita también fueron captadas en video sus hijas y empleadas menores de edad. La comerciante acusó que posteriormente las imágenes fueron compartidas en redes sociales en tono de burla.
Ante esta situación, Medina responsabilizó públicamente a la pareja señalada en sus publicaciones de cualquier agresión que pudiera sufrir ella, su esposo o sus hijos. También aseguró que los involucrados presuntamente utilizan referencias a un grupo delictivo para intimidar a personas con las que mantienen desacuerdos.
Hasta el momento, las acusaciones corresponden a la versión difundida por la creadora de contenido y no se ha informado públicamente sobre una resolución de alguna autoridad. Tampoco se cuenta con la postura de las personas señaladas.
Pide recuperar el anticipo
En su mensaje, la comerciante pidió que el conflicto sea atendido sin nuevas confrontaciones en su negocio. Su exigencia central es que sean retiradas las piezas o trabajos cuestionados y que le sean reintegrados los 6 mil 300 pesos.
El caso generó numerosas reacciones en TikTok y volvió a poner sobre la mesa la importancia de documentar acuerdos, pagos y condiciones de los servicios contratados. Cuando existen posibles amenazas o actos de hostigamiento, las personas afectadas pueden conservar videos, recibos, transferencias y grabaciones de seguridad para presentarlos ante las autoridades correspondientes.
