CIUDAD DE MÉXICO.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a las autoridades de Morelos explicar las circunstancias en las que fue liberado “El Güero Gym” durante un operativo de seguridad realizado en esa entidad, así como precisar quién tomó la decisión de dejarlo en libertad.
Durante su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, la mandataria informó que el Gabinete de Seguridad federal mantiene comunicación con el gobierno morelense y cuenta con disposición para brindar apoyo. No obstante, remarcó que la intervención fue ejecutada por corporaciones estatales.
Por esa razón, indicó que el secretario de Seguridad y el fiscal de Morelos deberán informar cómo se desarrolló el despliegue, cuáles fueron sus resultados y qué circunstancias condujeron a la liberación del presunto delincuente.
Sheinbaum reconoció que en esta clase de operativos pueden surgir escenarios complejos, especialmente cuando continuar con una intervención representa un posible riesgo para otras personas.
“Se toma la decisión de salvar vidas, y, en todo caso, preparar un operativo de otro tipo para poder detener posteriormente al presunto delincuente que se quería detener, y así pues llega a ocurrir, pero son decisiones”, expresó.
La presidenta explicó que, frente a un peligro para la integridad de las personas, las autoridades pueden suspender una acción y diseñar una nueva estrategia para intentar concretar la captura posteriormente y bajo otras condiciones.
“Por encima de todo, pues tienes que salvar las vidas de las personas”, enfatizó al referirse de manera general a las decisiones que pueden adoptarse en un despliegue de seguridad.
También sostuvo que frenar una intervención ante un escenario de riesgo no necesariamente implica renunciar a la captura de la persona buscada, pues puede organizarse otro operativo cuando existan condiciones distintas.
Sin embargo, Sheinbaum no detalló qué ocurrió específicamente durante la acción en Morelos ni identificó a la autoridad que habría ordenado la liberación. Insistió en que corresponde al gobierno estatal y a la Fiscalía de Morelos rendir cuentas sobre una operación realizada por instituciones locales.
