Torreón, Coahuila.— Un estudiante de 13 años perdió un brazo debido a las graves lesiones que sufrió durante el ataque registrado en la Escuela Secundaria General 13, ubicada en el ejido La Unión. En la agresión también murió la subdirectora del plantel, Nery Edith Narváez González.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:30 horas del jueves, cuando dos hermanos de 18 años, identificados como exalumnos, presuntamente entraron encapuchados a la escuela con machetes y petardos ocultos en sus mochilas.
De acuerdo con la información disponible, los jóvenes atacaron a estudiantes, docentes y trabajadores administrativos. El saldo reportado fue de cuatro personas lesionadas, además del fallecimiento de la subdirectora.
Entre los heridos se encontraba el adolescente de 13 años, quien fue trasladado de emergencia a un centro médico de la región. La gravedad de las heridas ocasionadas con objetos punzocortantes obligó a practicarle una cirugía que derivó en la amputación de uno de sus brazos.
También resultaron lesionados una adolescente de 17 años, quien presentó una herida en el cuello; un joven de 22 años, con múltiples lesiones, y un prefecto que habría intentado detener la agresión.
Cuando los presuntos responsables trataron de salir del plantel, fueron retenidos por vecinos, alumnos y personal escolar. Posteriormente quedaron bajo custodia de la Policía Municipal de Torreón y fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales acordonaron el plantel para permitir las diligencias correspondientes.
El fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que los exalumnos habrían elegido esa secundaria por su cercanía con el domicilio de ambos. Añadió que, tras revisar sus pertenencias, las autoridades consideran que presuntamente buscaban imitar ataques escolares ocurridos en el extranjero.
El funcionario aclaró que no fueron localizados explosivos entre los objetos asegurados. Los hermanos permanecen a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica mientras continúan las investigaciones.
