Propietaria de abarrotes incumple acuerdo y deja desamparada a menor que requiere cirugía tras ataque de tres perros

CIUDAD JUÁREZ. — Lo que comenzó como un compromiso de responsabilidad tras una tragedia familiar, se ha transformado en un calvario legal y médico para Ivón y su pequeña hija de tan solo 10 años, quien fue brutalmente atacada por tres perros a las afueras de una tienda de abarrotes local.

El incidente ocurrió hace unos días cuando la menor acudió al establecimiento comercial a comprar un refresco. Al intentar entrar, fue agredida simultáneamente por tres canes pertenecientes a la dueña del negocio. Gracias a los gritos de auxilio de la niña y a la oportuna intervención de tres vecinos, se logró rescatar a la menor antes de que el ataque tuviera consecuencias fatales.

De la promesa de apoyo al desamparo total

En un inicio, la dueña de la tienda acompañó a la madre al hospital y se comprometió verbalmente a cubrir todos los gastos médicos necesarios, asegurando incluso que vendería lo que fuera necesario con tal de ver a la menor recuperada al cien por ciento. Sin embargo, la postura de la comerciante cambió drásticamente en los últimos días.

“Ahora ya no quiere pagar, me está culpando a mí y dice que es culpa de los niños por ir a la tienda”, denunció Ivón de manera pública. La comerciante cortó el apoyo económico argumentando que ya ayudó con lo que pudo y sugirió a la madre que busque atención mediante el seguro social público.

Esta negativa llega en el momento más crítico. Aunque las heridas externas de la menor han comenzado a cerrar, el ataque provocó severos daños en los nervios y tendones de una de sus piernas, específicamente en la zona de la corva, lo que le impide estirar la extremidad de manera normal. Los médicos especialistas han notificado a la familia que la niña requerirá una cirugía reconstructiva, un procedimiento de alto costo que la madre no puede costear por cuenta propia.

Autoridades ignoran denuncia mientras el riesgo latente continúa

La familia ya interpuso una denuncia ante el Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en Materia Penal de la Fiscalía General del Estado. A pesar de existir el antecedente legal, la madre señala que ninguna autoridad ministerial ni personal de la perrera municipal ha acudido al lugar del ataque.

La mayor preocupación de los vecinos y familiares es que los tres animales agresores continúan sueltos en el exterior del comercio, representando un peligro constante para las decenas de niños y clientes que acuden diariamente a realizar compras. La madre de la menor enfatizó que su exigencia no es monetaria: “Yo no quiero dinero para mí, simplemente quiero que ella corresponda y cumpla con mi hija hasta que esté bien. Hoy mi hija está viva, pero mañana puede ser otra criatura que no pueda pedir ayuda”.

Ante la nula respuesta de la Fiscalía, comunicadores locales informaron que canalizarán el caso de forma urgente ante la Dirección de Ecología y Bienestar Animal (CANI/RAMI) para el resguardo de los canes, mientras que colectivos de asistencia legal ya han ofrecido asesoría jurídica gratuita a la familia para obligar a los propietarios a responder conforme a la ley.