Ciudad de México, México.- Las muertes de Erick Leonardo Torbellín y Dafne Zapata Quintos, ambos de 13 años, ocurridas durante actividades organizadas por academias militarizadas privadas, han puesto nuevamente bajo escrutinio los castigos físicos, las llamadas “novatadas” y la falta de supervisión en este tipo de planteles.
Erika Torbellín, madre de Erick, sostiene que al menos 12 personas participaron en las agresiones que terminaron con la vida de su hijo durante un campamento de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, realizado en Morelos el 25 de abril de 2025.
Más de un año después, la muerte de Dafne dentro de un campamento de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, reavivó los reclamos de familias que aseguran haber advertido sobre prácticas violentas sin que existiera una regulación efectiva.
“Al menos 12 agredieron a mi hijo”
De acuerdo con Erika Torbellín, aproximadamente 100 menores participaron en el campamento donde murió Erick. Cerca de 30 aceptaron relatar lo ocurrido y 16 rindieron declaraciones ministeriales.
La madre afirma que los testimonios permitieron identificar a varios adultos y estudiantes que presuntamente participaron en castigos contra el adolescente.
“Aunque únicamente dos personas permanecen detenidas, al menos otras 10 participaron en las agresiones contra mi hijo”, sostiene Erika.
Según los relatos de los menores, algunas personas actuaban con el rostro cubierto. Los estudiantes aportaron varios nombres, pero corresponde a las fiscalías verificar la participación de cada persona y definir responsabilidades.
La investigación principal se desarrolla en Morelos por homicidio calificado. Juan Carlos “N”, fundador y director de la academia, y Angélica “N”, responsable administrativa, permanecen detenidos. Existe además una orden de aprehensión contra una mujer identificada como Mariana, quien continúa prófuga.
Erick habría sido castigado por defender a una compañera
Los testimonios ministeriales señalan que el conflicto comenzó el 18 de abril de 2025, durante una actividad relacionada con un viacrucis.
Erick y una compañera habrían sido castigados por llegar tarde y obligados a realizar ejercicios físicos dentro de una oficina.
Cuando la adolescente ya no pudo continuar, presuntamente comenzó a ser golpeada. Erick intervino para pedir que dejaran de agredirla.
“Mi hijo les dijo: ‘Ya no le peguen, es una niña’”, relató su madre.
De acuerdo con esa versión, a partir de ese momento Erick fue considerado un alumno problemático y recibió amenazas de convertirse en “el favorito” durante el campamento, expresión que los estudiantes asociaban con castigos constantes.
Dafne murió durante curso de verano en Tamaulipas
Dafne Zapata Quintos ingresó el 13 de julio de 2026 a un campamento de tres semanas en la Academia Militarizada Marina Doenitz.
Cuatro días después, su madre, Alejandra Quintos, fue informada de que la adolescente había fallecido. La causa reportada fue asfixia por sumersión.
La Fiscalía de Tamaulipas investiga el caso bajo protocolo de feminicidio. Danna Yanina “N”, de 18 años y señalada como instructora auxiliar, fue detenida por su posible participación, aunque la autoridad deberá exponer ante un juez el delito concreto y los datos de prueba en su contra.
La academia negó públicamente haber maltratado a Dafne y sostuvo que se desvaneció en el área de regaderas. La familia rechaza esa versión y exige que se esclarezcan las lesiones y las circunstancias de la sumersión.
Testimonios describen castigos similares
Después de ambas muertes, alumnos y exalumnos denunciaron golpes, ejercicios extenuantes, actividades durante la madrugada, alimentación limitada, amenazas y miedo a hablar.
En el caso de la Academia Ollin, Erika Torbellín afirma que existía un “código de silencio” entre los estudiantes y que muchos no declararon por temor a represalias.
En la Academia Doenitz, exalumnos han señalado presuntas agresiones con réplicas de armas de madera, tablazos, encierros y castigos nocturnos presentados como métodos de disciplina.
Las coincidencias entre los testimonios no demuestran por sí solas que exista una relación operativa entre las instituciones. Sin embargo, las familias consideran que justifican una revisión nacional de los centros que ofrecen formación militarizada a menores.
Familia de Erick acusa incumplimiento de autoridades
Erika Torbellín aseguró que después de la muerte de su hijo sostuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En esos encuentros, afirmó, se habló de regular las academias, revisar los perfiles de instructores y eliminar prácticas violentas.
“Habíamos quedado en que iban a regular este tipo de instituciones, que iban a hacer filtros y que, incluso, iban a erradicar este sistema militarizado. Pero veo que no se hizo nada”, expresó.
La madre considera que las inspecciones no deben limitarse a entrevistas con directivos. Propone que las autoridades hablen de manera confidencial con los alumnos, verifiquen la preparación profesional del personal y revisen los protocolos de emergencia y protección infantil.
Dos carpetas por el caso de Erick
Además de la investigación en Morelos, existe una carpeta abierta en la Ciudad de México por violencia familiar equiparada, debido a la relación de convivencia entre los responsables de la academia y los menores.
Erika sostiene que esta segunda investigación ha avanzado con mayor lentitud y denuncia que enfrentó obstáculos para consultar el expediente.
La madre también reportó amenazas posteriores a la muerte de su hijo y aseguró que las medidas de protección prometidas no fueron implementadas de manera efectiva.
Piden una revisión nacional
Tras el caso de Dafne, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las academias militarizadas privadas no dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional y pidió a las autoridades estatales revisar su funcionamiento.
Erika Torbellín considera que la supervisión debe extenderse a todo el país y que las investigaciones deben determinar si existen vínculos, capacitaciones compartidas o prácticas comunes entre instructores de distintas academias.
También busca crear una asociación civil e impulsar reformas legales para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.
“Lo que realmente espero es que ningún niño tenga que morir para que las autoridades reaccionen”, concluyó.
