Ciudad de México. Autoridades y representantes de estados fronterizos buscan que el Gobierno federal analice una nueva etapa de regularización para vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como autos “chocolate”, luego de que el esquema simplificado concluyera el 31 de diciembre de 2025.
El programa, impulsado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y concluido bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, permitió durante varios años que propietarios de este tipo de unidades obtuvieran certeza jurídica mediante un trámite preferencial.
El procedimiento incluía una cita ante el Registro Público Vehicular, la revisión física y documental de la unidad y el pago de un aprovechamiento de 2 mil 500 pesos.
Desde el 1 de enero de 2026, sin embargo, ese mecanismo dejó de estar vigente y hasta el momento no existe una prórroga ni un nuevo decreto publicado por el Gobierno federal.
Estados fronterizos piden una nueva etapa
En entidades como Tamaulipas, Baja California y Chihuahua persisten solicitudes para que se abra un nuevo periodo de regularización, principalmente para atender a propietarios que no lograron completar el trámite por falta de citas, documentos o tiempo.
Estas gestiones continúan en proceso y no representan una reapertura oficial del programa. Cualquier modificación tendría que publicarse en el Diario Oficial de la Federación antes de entrar en vigor.
En Tamaulipas, autoridades estatales han señalado que existe un número importante de vehículos rezagados que no pudieron incorporarse al esquema anterior.
La alternativa vigente es la importación definitiva
Ante la ausencia de un programa preferencial, las personas que busquen legalizar una unidad extranjera deben recurrir a la importación definitiva bajo las disposiciones ordinarias de comercio exterior.
Este procedimiento requiere la intervención de un agente aduanal y está sujeto a requisitos relacionados con el año-modelo, el país de fabricación o ensamble, el título de propiedad, las restricciones aplicables y el pago de impuestos y derechos.
El costo no es fijo. Puede variar según el valor y la antigüedad del vehículo, la región a la que será importado, los impuestos correspondientes, los honorarios del agente aduanal y otros gastos del despacho.
Estimaciones difundidas en distintas entidades ubican el gasto total entre 26 mil y 33 mil pesos, aunque esa cantidad no constituye una tarifa oficial general y puede cambiar en cada caso.
El programa operó solo en entidades autorizadas
El decreto de regularización no aplicó en todo el país. El beneficio estuvo dirigido a entidades específicas con alta presencia de vehículos de procedencia extranjera.
Entre los estados incluidos se encontraban Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Durante la vigencia del esquema se regularizaron millones de unidades y los recursos obtenidos fueron destinados a proyectos de pavimentación en municipios participantes.
Alertan por gestores y páginas falsas
Con el cierre del programa también aumentaron las ofertas de supuestos gestores que prometen citas, registros o regularizaciones mediante pagos en efectivo, transferencias o depósitos a cuentas personales.
Las autoridades han advertido que no existen intermediarios autorizados para reactivar el antiguo trámite del Repuve.
Cualquier proceso de importación debe realizarse con un agente aduanal autorizado y mediante pagos oficiales. Las personas interesadas deben verificar la legalidad de la operación antes de entregar documentos o dinero.
Mientras no exista un nuevo decreto, la regularización simplificada de 2 mil 500 pesos permanece cerrada y la importación definitiva es la única vía legal disponible.
