CIUDAD JUÁREZ – Tras la conclusión del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, ha entrado en vigor el nuevo decreto de importación definitiva para la franja fronteriza. Sin embargo, este cambio ha generado un incremento sustancial en los costos y un colapso operativo en los puntos de entrada.
Incremento en los costos de trámites
Daniel Cereceres Rosales, presidente de la Unión de Comerciantes de Vendedores de Autos y Camiones usados, informó que con la desaparición del programa anterior, los precios para legalizar un vehículo se han disparado significativamente. Actualmente, los trámites de importación oscilan entre los 14,000 y los 50,000 pesos, dependiendo del modelo y las características del automotor.
Saturación en la Aduana y el Puente Guadalupe-Tornillo
La transición al nuevo esquema ha provocado un embotellamiento logístico crítico, especialmente en el Puente Internacional Guadalupe-Tornillo. Los principales problemas reportados por los usuarios son:
-
Fallas en el sistema: Se han registrado jornadas completas sin sistema y días con intermitencias constantes, lo que ha reducido drásticamente la capacidad de procesamiento de la Aduana Mexicana.
-
Reducción de operaciones: De una capacidad normal de 300 vehículos diarios, las autoridades solo están logrando resolver entre 50 y 100 trámites, lo que vuelve el proceso sumamente lento.
-
Vehículos varados: Se estima que hay más de 600 automotores acumulados en el puente y en las áreas de resguardo fiscales. Esta situación ha generado un clima de tensión que incluso ha derivado en riñas entre los importadores debido a la desesperación por los retrasos.
Exigencia de mayor capacidad
Los comerciantes de autos usados han hecho un llamado urgente a las autoridades hacendarias para que habiliten un tercer módulo de atención. Argumentan que los dos módulos actuales son insuficientes para desahogar el volumen de vehículos que buscan la importación definitiva bajo las nuevas reglas federales.
Este colapso afecta no solo a los importadores, sino también a la cadena de servicios vinculada al comercio de autos usados en la franja fronteriza, quienes ven paralizada su actividad económica ante la falta de celeridad administrativa.
