MÉXICO.- La obligación de vincular las líneas de telefonía móvil con la CURP y una identificación oficial ha despertado inquietud entre usuarios mexicanos, quienes comenzaron a explorar alternativas ante la advertencia de una suspensión gradual para los números que no completen el registro.
De acuerdo con el reporte consultado, el esquema contempla tanto líneas de prepago como de pospago. La medida busca combatir delitos cometidos mediante llamadas telefónicas, entre ellos el fraude y la extorsión, pero también ha reavivado el debate sobre la protección de información personal.
El material atribuye la supervisión del proceso al Instituto Federal de Telecomunicaciones y señala que empresas como Telcel, AT&T, Movistar y operadores móviles virtuales deben validar la identidad de sus clientes. Las líneas que no cumplan quedarían restringidas progresivamente, aunque conservarían la posibilidad de realizar llamadas de emergencia.
El mismo reporte asegura que 9.6 millones de líneas terminadas en cero ya fueron vinculadas, pero no proporciona información adicional sobre la metodología utilizada para obtener esa cifra.
eSIM y amparos aparecen como alternativas
Una de las opciones que ha ganado atención es la contratación de eSIM extranjeras mediante plataformas internacionales. Algunos proveedores ofrecen paquetes de datos sin solicitar una identificación mexicana; sin embargo, prescindir de un número nacional puede limitar servicios que dependen de llamadas, mensajes de texto o validaciones vinculadas a una línea mexicana.
Otra vía mencionada es el juicio de amparo indirecto. Según el material, una suspensión provisional podría impedir temporalmente la desconexión mientras un juzgado analiza el fondo del caso. Obtener esa protección, no obstante, depende de la resolución judicial y de las circunstancias de cada usuario.
El debate recuerda al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, invalidado por la Suprema Corte en 2022. En el esquema descrito ahora, la información quedaría bajo custodia de las compañías telefónicas, sujetas a las disposiciones de protección de datos personales.
Mientras los tribunales no definan el alcance de los recursos promovidos, los usuarios enfrentan una decisión entre registrar su línea, recurrir a una alternativa internacional o buscar asesoría legal. Las fechas y condiciones específicas deben confirmarse directamente con cada operador.
