El caso de una asistente de colegio acusada de abuso sexual contra una menor de tres años en Ciudad Juárez ha generado indignación, luego de que un magistrado revocara la sentencia condenatoria y ordenara su liberación sin notificar a la familia de la víctima.
Se trata de Angélica R. S., quien había sido sentenciada a 16 años y ocho meses de prisión por el delito de violación agravada, tras hechos ocurridos el 25 de abril de 2022 en el Colegio Americano campus Matriz, ubicado sobre la avenida Del Charro.
La mujer fue detenida el 29 de abril de 2022 y formalmente acusada un día después. Posteriormente, el proceso avanzó hasta que en marzo de 2023 una jueza la declaró culpable.
Sin embargo, tras un recurso de apelación interpuesto por la defensa, el magistrado José Caín Lara Dávila revocó la sentencia en diciembre de 2024, otorgando su absolución y libertad inmediata.
Lo que ha causado mayor controversia es que dicha resolución no fue notificada de manera oportuna ni a la Fiscalía General del Estado (FGE), ni a la Fiscalía de la Mujer (FEM), ni a la familia de la víctima.
El abogado de la familia, Lucio García Rentería, denunció que los padres de la menor enfrentaron múltiples obstáculos para obtener información sobre el caso.
Señaló que durante semanas desconocieron que la acusada ya había sido liberada, lo que generó un profundo impacto emocional.
Por su parte, la madre de la niña relató que al acudir al juzgado enfrentaron resistencia del personal para acceder al expediente.
“Nos dimos cuenta ahí mismo que ya estaba libre… fue un momento devastador”, expresó.
Ante esta situación, los representantes legales de la familia interpusieron un recurso de apelación (JU-228/2024), así como un amparo (299/2025) contra la sentencia de absolución.
El amparo ya cumplió un año y se encuentra próximo a resolverse, lo que podría definir el rumbo del caso en los próximos meses.
Además del proceso penal, la familia anunció que promoverá una apelación por la vía civil contra la institución educativa, señalando presuntas fallas en los protocolos de seguridad y solicitando reparación por daño moral.
La audiencia correspondiente está programada para este martes 24 de marzo.
El caso ha reavivado el debate sobre la actuación de las autoridades judiciales y la protección de las víctimas, especialmente cuando se trata de menores de edad.
Mientras la resolución del amparo se aproxima, la familia mantiene su exigencia de justicia y transparencia en el proceso.
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