NICOLÁS FLORES, Hidalgo.- El alcalde Nicolás González Elizalde provocó una polémica durante su Segundo Informe de Gobierno al intentar defender el manejo de los recursos municipales con una frase que rápidamente generó críticas.
“No me he robado ningún peso; si lo robé, fue para dárselo a ustedes”, declaró el presidente municipal de extracción panista frente a habitantes que cuestionaban la transparencia y aplicación de un crédito contratado por el Ayuntamiento.
La controversia está relacionada con un financiamiento solicitado a Banobras por 7 millones 339 mil pesos. De acuerdo con la información expuesta sobre el caso, el dinero estaba destinado originalmente a obras de infraestructura y a la adquisición de vehículos oficiales.
Durante su intervención, González Elizalde negó haber utilizado los recursos para obtener algún beneficio personal. También sostuvo que el crédito fue combinado con otras aportaciones, lo que habría permitido alcanzar una inversión superior a 25 millones de pesos en el municipio.
Sin embargo, la forma en que presentó su defensa terminó por desplazar el debate sobre las obras y concentró la atención en la frase. Entre asistentes y usuarios de redes sociales, sus palabras fueron interpretadas como una expresión de cinismo y provocaron comparaciones con otros políticos que han hecho declaraciones polémicas sobre el uso del dinero público.
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Algunas reacciones recordaron el caso de Hilario Ramírez Villanueva, “Layín”, exalcalde de San Blas, Nayarit, conocido por haber dicho que robó, “pero poquito”. La comparación surgió por el tono de ambas declaraciones, aunque se trata de casos y contextos distintos.
Más allá del revuelo generado por el video, el destino exacto del financiamiento y su comprobación deberán pasar por los mecanismos formales de fiscalización. Legisladores locales señalaron que corresponderá a la Auditoría Superior de Hidalgo validar la aplicación de los recursos.
Hasta que esa revisión determine si el crédito fue ejercido conforme a lo autorizado, la declaración del alcalde no sustituye la documentación ni las comprobaciones requeridas para acreditar el uso del dinero público.





