Ciudad Juárez, Chihuahua.— El abogado migratorio Arturo Vazquez informó que documentó al menos 94 casos de juarenses a quienes presuntamente les cancelaron la visa estadounidense en alguno de los cruces internacionales entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas.
De acuerdo con lo publicado por el litigante en Facebook, las personas afectadas son madres o padres de hijos nacidos en Estados Unidos. Vazquez señaló que los reportes fueron recibidos mediante Messenger el lunes 10 de agosto, después de que invitó a quienes atravesaran por esta situación a comunicarse con él para integrar una lista.
El abogado, quien cuenta con más de 30 años de experiencia según la información proporcionada, sostuvo que las visas habrían sido retiradas durante revisiones efectuadas en los puentes fronterizos. Los testimonios recabados atribuyen las cancelaciones al antecedente de haber tenido hijos en territorio estadounidense.
Ante esos reportes, Vazquez recomendó a las personas que se encuentren en circunstancias similares evitar temporalmente los cruces hacia Estados Unidos.
“No crucen la frontera en un par de meses hasta que se calme esta situación existente”, escribió el abogado en la publicación citada.
La recomendación corresponde a la opinión del litigante y no sustituye una determinación oficial de las autoridades migratorias estadounidenses ni una asesoría jurídica individual. En el material disponible no se incluye una postura de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, conocida como CBP, sobre los 94 casos reportados.
Lista sería entregada a la ACLU
Vazquez también aseguró que compartirá la relación de personas afectadas con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, ante la posibilidad de una acción en una corte federal.
Según su publicación, la organización buscaría que un juez revise la constitucionalidad de la medida y, eventualmente, impida que continúen las cancelaciones de visas bajo ese criterio. El abogado agregó que pretende entregar la lista para solicitar que las visas retiradas sean restituidas sin obligar a los afectados a realizar una nueva solicitud o pagar otra vez.
Sin embargo, el material original no incorpora un comunicado directo de la ACLU que confirme la presentación, fecha, tribunal o alcance de una eventual demanda. Hasta que exista información oficial, la posible acción judicial debe considerarse como un planteamiento comunicado por el abogado.
Vazquez indicó que la recopilación de los casos y el envío de la información se realizan de manera gratuita. No se detalló qué documentos deben presentar los afectados ni si todos recibieron una notificación escrita con el fundamento específico de la cancelación.
Reportan mayor escrutinio en los cruces
La información proporcionada señala que las revisiones se habrían intensificado para viajeros con hijos nacidos en Estados Unidos. Entre las situaciones mencionadas se encuentran interrogatorios sobre el motivo de viajes anteriores, inspecciones adicionales y consultas relacionadas con los gastos hospitalarios del nacimiento.
También se plantea que las autoridades podrían considerar un uso indebido de una visa B1/B2 cuando concluyen que el viaje tuvo como propósito planeado dar a luz en Estados Unidos. No obstante, cada caso migratorio depende de sus circunstancias, de la documentación disponible y de la decisión de las autoridades competentes.
El texto entregado atribuye las acciones a una orden ejecutiva denominada “Fin al turismo de nacimientos”, fechada el 6 de agosto de 2026. Debido a que el material no adjunta el documento oficial ni una confirmación de agencias estadounidenses, ese dato requiere corroboración independiente antes de darse por establecido.
Ciudadanía de los hijos
La cancelación de una visa de los padres no implica, por sí misma, que un hijo pierda automáticamente la ciudadanía estadounidense obtenida por nacimiento. La situación migratoria de los adultos y la ciudadanía de sus hijos corresponden a asuntos jurídicos distintos.
Quienes reciban una cancelación deben conservar los documentos entregados por los agentes, solicitar una explicación sobre el motivo de la medida y buscar orientación legal específica. También es recomendable evitar conclusiones generales basadas únicamente en publicaciones de redes sociales, pues los procedimientos pueden variar de una persona a otra.
