CIUDAD DE MÉXICO. — El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha oficializado el camino hacia la implementación de la jornada laboral de 40 horas semanales. Tras meses de incertidumbre, las autoridades confirmaron que este cambio paradigmático comenzará de manera gradual, garantizando que no habrá afectaciones en los salarios ni en las prestaciones de los trabajadores.
Marath Bolaños, titular de la STPS, ratificó que la reforma quedará establecida a nivel constitucional y en la Ley Federal del Trabajo. Esta medida beneficiará a más de 13 millones de empleados, estableciendo un esquema de cinco días de trabajo por al menos dos de descanso.
A diferencia de otras reformas, la reducción de la jornada no será inmediata, sino que seguirá un proceso escalonado para permitir la adaptación de las empresas. El cronograma oficial establece las siguientes etapas:
1 de mayo de 2026: Entrada en vigor oficial de la reforma de ley.
1 de enero de 2027: Se hace efectiva la primera reducción; la jornada bajará de 48 a 46 horas semanales.
2028: Nueva reducción a 44 horas semanales.
2029: La jornada se ajustará a 42 horas semanales.
2030: Consolidación final de la meta de 40 horas semanales.
El Gobierno Federal enfatizó que la disminución de horas trabajadas bajo ninguna circunstancia podrá implicar una reducción en el sueldo percibido por el empleado. Asimismo, el esquema de pago para horas extraordinarias se mantiene sin cambios: las horas extra seguirán pagándose con un 100% adicional (doble) y, en caso de exceder los límites permitidos por la ley, alcanzarán un 200% adicional (triple).
A la par de los anuncios sobre la jornada laboral, se recordó que para este 2026 el salario mínimo experimentó un incremento significativo. A nivel nacional, el salario diario subió un 13%, situándose en 315.04 pesos. Por su parte, en la Zona Libre de la Frontera Norte, el aumento fue del 5%, alcanzando los 440.87 pesos diarios.
Con estos ajustes, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum busca consolidar los derechos laborales iniciados en el periodo anterior, proyectando un equilibrio entre la productividad empresarial y el bienestar de la fuerza trabajadora mexicana hacia el año 2030.
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