CIUDAD JUÁREZ.– Un clima de tensión y temor se ha instalado entre los abogados penalistas de la ciudad luego del asesinato de Óscar Gael Cano, ejecutado a plena luz del día a unos metros de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en un hecho que ha encendido las alarmas del gremio jurídico local.
El crimen ocurrió el pasado domingo 8 de junio cuando el abogado llegaba a las instalaciones de la Fiscalía para atender un caso, justo frente a los Juzgados Civiles y a escasos pasos de una estación de policía. Los agresores le dispararon en un estacionamiento sobre el Eje Juan Gabriel, sin importar la presencia de usuarios, automovilistas y empleados estatales.
Litigantes protestan y piden intervención federal
Este lunes, abogados penalistas de Ciudad Juárez se congregaron en la explanada de la Fiscalía para exigir justicia, castigo a los culpables y garantías de seguridad para ejercer su labor. Reprobaron la falta de control y vigilancia que permitió un homicidio tan violento frente a oficinas gubernamentales clave.
Durante su manifestación, anunciaron que sostendrían una reunión con Carlos Manuel Salas, fiscal de distrito, para demandar avances inmediatos en la investigación. De no encontrar resultados concretos, advirtieron que solicitarán que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso.
Víctima defendía a sospechosos de feminicidio
El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, informó que Óscar Gael Cano era el defensor de dos de los cinco detenidos por el asesinato de una joven mujer en el fraccionamiento Senderos de Oriente, hecho ocurrido el viernes anterior.
De acuerdo con las autoridades, los acusados serían miembros del grupo delictivo “Los Aztecas”, y habrían sido detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Cano habría sido contratado por los familiares para su defensa legal.
Hasta el momento no se han reportado amenazas previas contra el abogado, y las autoridades mantienen las indagatorias abiertas, aunque sin avances sustanciales.
Este crimen ha generado temor e indignación en el gremio legal, que denuncia estar en la mira del crimen organizado y exige una respuesta contundente por parte del Estado.
