Chihuahua, Chihuahua.— La detención del exfiscal general del Estado, César Jáuregui, abrió un nuevo frente dentro del panismo chihuahuense. Militantes y personajes vinculados al PAN responsabilizaron a la gobernadora Maru Campos de una presunta persecución política contra quien fuera uno de sus principales funcionarios.
Jáuregui fue detenido por supuestas violaciones a protocolos y el presunto delito de traición a la patria, relacionados con el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos. En ese operativo habrían participado agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).
Durante una manifestación realizada en la explanada del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, donde compareció el exfuncionario, el exmagistrado y abogado defensor Luis Villegas calificó el arresto como un acto de persecución política.
Villegas también lanzó una dura acusación contra la mandataria estatal al asegurar que su actuación era peor que la del exgobernador Javier Corral. Los señalamientos fueron expresados mientras simpatizantes de Jáuregui gritaban consignas como “César, amigo, el PAN está contigo” y exigían su libertad.
A la protesta acudieron Angélica Moreno, esposa del exfiscal; el senador Mario Vázquez y el regidor de Chihuahua Félix Martínez, además de otros personajes de la política local. Martínez sostuvo que la detención fue realizada de manera arbitraria y afirmó que se habría vulnerado el debido proceso.
El arresto ocurrió días después de que Maru Campos declarara en una entrevista que Jáuregui había actuado “por la libre” al incorporar a agentes estadounidenses en acciones de seguridad para desmantelar el laboratorio clandestino.
Desde Morena, Citlalli Hernández consideró que el proceso debe servir para esclarecer lo ocurrido y determinar si el operativo vulneró la soberanía nacional. También advirtió que la detención no debería utilizarse para cerrar el caso o deslindar políticamente a la gobernadora.
Hernández pidió establecer qué sabía Campos, cuándo tuvo conocimiento del operativo y qué decisiones tomó. Hasta el momento, las acusaciones de persecución política corresponden a los manifestantes y deberán contrastarse con las investigaciones y resoluciones judiciales del caso.
