El homicidio de Carlos Leonardo Ramírez Castro, director de Código Norte Veracruz, genera condena nacional e internacional
Ciudad de México. — El gremio periodístico mexicano registra un nuevo golpe en los primeros días de 2026 con el asesinato del periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro, ocurrido la noche del 8 de enero en Poza Rica, Veracruz. A una semana del crimen, sicarios difundieron en redes sociales un video que presuntamente documenta la planeación y ejecución del ataque.
Ramírez Castro, director y propietario del medio digital Código Norte Veracruz, especializado en nota roja y temas de seguridad en la zona norte del estado, fue ejecutado dentro de un restaurante familiar ubicado en la colonia Cazones. De acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, dos hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon directamente contra el comunicador, quien murió en el lugar.
El video, que circuló ampliamente días después del ataque, muestra el interior de un vehículo aproximándose al sitio, una voz que confirma la presencia de la víctima y, posteriormente, el ataque. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión calificaron la difusión del material como un acto intimidatorio con la intención de amedrentar y silenciar a otros comunicadores.
De acuerdo con Artículo 19, Ramírez Castro había contado con medidas de protección del Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mismas que habrían sido retiradas o concluidas meses antes, tras amenazas documentadas en 2024 y su salida temporal de Poza Rica.
La reacción internacional no se hizo esperar. Reporteros Sin Fronteras confirmó que este caso corresponde al undécimo periodista asesinado en México desde el inicio del gobierno de la Claudia Sheinbaum. Asimismo, la Unión Europea, junto con las embajadas de Noruega y Suiza, condenaron el homicidio y señalaron indicios claros de un móvil relacionado con la labor informativa del periodista, dada la historia de amenazas e intimidaciones previas.
El caso vuelve a encender las alertas sobre la violencia contra periodistas en México, la eficacia de los mecanismos de protección y la impunidad en crímenes contra la prensa, particularmente en Veracruz, una de las entidades con mayor riesgo para el ejercicio periodístico.
