Ciudad Juárez.– En medio del constante flujo de deportaciones impulsadas por las políticas migratorias del expresidente Donald Trump, el Gobierno de México ha entregado 36 mil 304 tarjetas Bienestar Paisano a connacionales que han sido repatriados desde Estados Unidos.
Así lo informó Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, durante una conferencia en la que destacó los resultados del programa “México te abraza”, diseñado para atender de forma inmediata a personas deportadas.
Ciudad Juárez, la ciudad con más beneficiarios
De acuerdo con los datos presentados, Ciudad Juárez lidera la entrega con un total de 6 mil 94 tarjetas otorgadas, lo que refleja la alta concentración de repatriaciones en este punto fronterizo.
Otros municipios con altos números de beneficiarios son:
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Matamoros: 5,977 tarjetas
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Villahermosa: 5,377 tarjetas
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Tapachula: 5,292 tarjetas
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Tijuana: 4,608 tarjetas
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Nogales: 4,359 tarjetas
Apoyo económico para necesidades urgentes
Montiel explicó que la tarjeta Bienestar Paisano brinda un apoyo económico inmediato, permitiendo a los deportados cubrir gastos básicos como transporte, alimentos y alojamiento al momento de su reincorporación en territorio mexicano.
Los recursos se entregan en centros de atención ubicados estratégicamente a lo largo de la frontera norte y en zonas del sur como Tapachula y Villahermosa, donde también se reciben flujos importantes de migrantes.
Una estrategia interinstitucional
El programa es resultado de una colaboración entre la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Gobernación y el Banco del Bienestar, y no se limita solo a la entrega de tarjetas. También incluye:
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Rehabilitación de tiendas comunitarias
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Entrega de apoyos a mujeres artesanas
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Programas de ayuda para comunidades indígenas
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Censos de viviendas para detectar necesidades habitacionales
“Queremos que nuestros paisanos sepan que no están solos. Al regresar a su país, México los abraza y les extiende la mano con acciones concretas”, subrayó Montiel Reyes.
El rostro social del regreso forzado
Estas medidas buscan aliviar el impacto emocional y económico que sufren miles de personas tras ser expulsadas de Estados Unidos, muchas veces tras años de residencia y separación familiar. El gobierno busca con esto una reintegración digna, que no dependa únicamente de redes familiares o la caridad.
