Ciudad Juárez.– Un agente del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM) fue vinculado a proceso por presuntamente participar en el secuestro de cinco migrantes originarios de la India, en un caso que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y grupos de apoyo a personas en movilidad.
Tomás A. C., quien se desempeñaba como oficial de Protección a Migrantes en Ciudad Juárez, fue acusado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de los delitos de delincuencia organizada y secuestro.
La audiencia judicial se llevó a cabo en la Sala 3 del Centro de Justicia Penal Federal bajo la causa penal 294/2026 y fue encabezada por el juez federal José Avelino Orozco Córdova. El procedimiento se desarrolló de manera privada para proteger la identidad y los derechos de las víctimas.
Junto con Tomás A. C. también fueron vinculadas a proceso Diana “N” y Jaqueline “N”. Además, un cuarto implicado identificado como Emmanuel “N” cuenta con una orden de aprehensión por reclusión debido a que ya se encontraba interno en el Cereso Estatal número 3.
De acuerdo con la información judicial, el acusado estaba adscrito al Departamento de Repatriación del INM y realizaba funciones relacionadas con la protección y orientación de personas migrantes. Sus oficinas se encontraban en las instalaciones del puente internacional Paso del Norte.
Las investigaciones señalan que fue detenido el pasado 28 de mayo en su domicilio por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, como parte de un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.
La Fiscalía General de la República informó que durante los cateos realizados en distintos inmuebles de Ciudad Juárez fueron asegurados teléfonos celulares, computadoras, memorias de almacenamiento, una báscula digital y una contadora de billetes, entre otros objetos que forman parte de las investigaciones.
Los delitos que se les atribuyen están contemplados dentro de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
El caso provocó reacciones entre organizaciones que trabajan con personas migrantes en la frontera.
Blanca Navarrete, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), calificó como sumamente grave la presunta participación de un servidor público en delitos cometidos contra personas migrantes, al considerar que podría haberse utilizado información privilegiada obtenida por su función oficial.
La activista recordó que la confianza de los migrantes en las autoridades mexicanas ya se encuentra afectada por diversos incidentes ocurridos en años recientes y señaló la necesidad de investigar a fondo cualquier posible uso indebido de información personal de extranjeros en tránsito por la ciudad.
Hasta el momento, la representación estatal del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua no ha emitido una postura oficial sobre el caso.
Según la información disponible, se solicitó una declaración a la titular de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua, Zaira Carrasco Flores, pero no se obtuvo respuesta oficial.
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