Michoacán.– El número de víctimas por el estallido de un vehículo frente a la policía comunitaria de Coahuayana aumentó este domingo a cinco personas fallecidas y 12 lesionadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR). El hecho, ocurrido el sábado al mediodía en pleno centro de esta localidad costera, se ha convertido en uno de los ataques más graves en la región en los últimos meses.
De acuerdo con autoridades estatales y federales, la explosión fue provocada por una camioneta que detonó frente a la base de la policía comunitaria. En el sitio se localizaron los restos de dos personas, una de ellas identificada como el conductor del vehículo.
El resto de las víctimas mortales eran agentes de la policía comunitaria, mientras que de los 12 lesionados, cinco también pertenecen a corporaciones locales de seguridad.
El incidente ocurrió en un contexto de alta tensión, pues Michoacán atraviesa una nueva escalada de violencia debido a la presencia de varios grupos delictivos que se disputan territorios, rutas de traslado de droga y el control de comunidades rurales.
El ataque desató un debate inmediato sobre su clasificación jurídica. El sábado, la nueva fiscal general, Ernestina Godoy, publicó un documento en su cuenta oficial de X indicando que el caso era investigado como terrorismo.
Sin embargo, el domingo la propia FGR corrigió la información y precisó que la investigación corresponde al delito de delincuencia organizada.
La palabra terrorismo continúa siendo evitada por el gobierno mexicano, incluso en casos de extrema violencia como el ataque con granadas en Morelia en 2008 o el incendio al Casino Royale en 2011. Muchos habitantes de Michoacán, no obstante, consideran que lo ocurrido en Coahuayana encaja plenamente en esa categoría.
Aunque no es habitual que los cárteles utilicen coches bomba, sí han incrementado el uso de explosivos lanzados desde drones y minas artesanales, especialmente en regiones como la sierra-costa de Michoacán, donde operan células criminales altamente armadas.
Autoridades federales reconocen que esta evolución en las técnicas de ataque incrementa el riesgo para policías, civiles y fuerzas armadas.
El ataque ocurre en un momento en el que el presidente estadounidense Donald Trump ha insistido en llevar acciones militares directas contra cárteles mexicanos.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que México no permitirá incursiones extranjeras, aun cuando Washington ofrece apoyo operativo y de inteligencia.
La policía comunitaria afectada pertenece a uno de los grupos surgidos hace más de 10 años durante el movimiento de autodefensas. Aunque posteriormente fueron legalizados por el gobierno estatal, algunos grupos han sido infiltrados o disputados por células del crimen organizado.
Michoacán continúa siendo una región estratégica para los grupos criminales debido a su litoral, la llegada de precursores químicos y la producción de drogas sintéticas.
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