Washington D.C.— El gobierno de Estados Unidos puede cancelar cualquier tipo de visa, en cualquier momento y sin necesidad de justificar públicamente la decisión. Así lo establece la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que otorga al Departamento de Estado amplias facultades para negar, suspender o revocar visas por razones tan variadas como preocupaciones de seguridad, información incompleta, vínculos con actividades ilícitas o simplemente por el interés público.
Este fin de semana, el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres, puso el tema en la agenda. Ambos confirmaron que fueron notificados por autoridades consulares de que sus visas de no inmigrante fueron revocadas. Aunque no se les acusa de ningún delito, ni se ha hecho pública una causa específica, la ley estadounidense no exige explicar el motivo.
Según la INA y el Código de Regulaciones Federales (8 CFR), estas son las razones más comunes:
Si se descubre que una visa fue obtenida con documentos falsos, información incorrecta u omisiones relevantes, puede ser anulada de inmediato.
Por ejemplo: antecedentes penales nuevos, participación en actividades sospechosas, o pérdida de la elegibilidad bajo la categoría de visa otorgada.
El Departamento de Estado puede cancelar visas sin juicio ni defensa si considera que la presencia de una persona es “inconveniente” para los intereses de EE. UU.
Un oficial consular puede revocar la visa si determina que fue concedida por error o si hay nueva información, sin necesidad de explicar ni permitir apelación.
Estar involucrado o mencionado en una investigación, aunque no haya cargos formales, también puede motivar la cancelación preventiva de una visa.
Prácticamente ninguno. No hay proceso judicial, ni derecho a apelar. Las decisiones suelen ser unilaterales, confidenciales y definitivas. En muchos casos, ni siquiera se notifica con antelación al afectado, quien se entera al intentar ingresar al país o renovar su estatus migratorio.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso de Marina del Pilar, a lo que respondió que el Gobierno de México “no tiene ninguna notificación oficial” de Estados Unidos. La gobernadora, por su parte, aseguró que confía en que el tema “se aclarará satisfactoriamente”.
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