México.– Miles de personas en el país se preguntan qué podría pasar si dejan de pagar una deuda con tiendas departamentales o empresas de crédito como Coppel, Elektra o Liverpool, especialmente cuando comienzan a recibir llamadas de despachos de cobranza o advertencias sobre posibles consecuencias legales.
Sin embargo, de acuerdo con la legislación mexicana, no es posible ir a la cárcel únicamente por no pagar una deuda de carácter civil o mercantil, como las que se adquieren al comprar productos a crédito en este tipo de establecimientos.
En México, las deudas derivadas de créditos personales, compras a plazos o financiamientos comerciales se consideran obligaciones civiles o mercantiles, no delitos penales.
Esto significa que no pagar un crédito no constituye un crimen, por lo que ninguna persona puede ser encarcelada simplemente por deber dinero a una tienda o institución financiera.
La Constitución mexicana establece claramente que nadie puede ser privado de su libertad por deudas de carácter civil, por lo que los acreedores no pueden solicitar prisión como castigo por el incumplimiento de pago.
Aunque no existe la posibilidad de ir a prisión, sí pueden presentarse otras consecuencias legales o financieras cuando una persona deja de pagar una deuda.
Entre las más comunes se encuentran:
Reportes negativos en el Buró de Crédito
Llamadas y visitas de despachos de cobranza
Cobro de intereses moratorios
Demandas civiles o mercantiles para recuperar el dinero
En algunos casos, las empresas pueden presentar una demanda para exigir el pago, lo que podría derivar en embargos de bienes si un juez así lo determina.
Cuando una persona deja de pagar un crédito, las empresas suelen recurrir a despachos de cobranza, los cuales tienen la función de contactar al deudor para buscar un acuerdo de pago.
Sin embargo, estos despachos no tienen facultades para amenazar, intimidar o realizar acciones ilegales, como hacerse pasar por autoridades o advertir falsamente que una persona será arrestada por no pagar.
Las autoridades financieras han señalado que ningún cobrador puede enviar a alguien a prisión, ya que esa facultad no existe en casos de deudas civiles.
Aunque no pagar una deuda no es un delito, sí existen situaciones específicas que podrían convertirse en problemas penales, por ejemplo:
Fraude, cuando una persona solicita un crédito con información falsa o con la intención de no pagarlo
Uso indebido de documentos
Suplantación de identidad
En esos casos, la investigación ya no se centra en la deuda, sino en la posible comisión de un delito.
Especialistas recomiendan que, si una persona enfrenta dificultades para pagar un crédito, lo mejor es buscar negociar con la institución financiera o solicitar planes de pago que permitan reducir la deuda.
También aconsejan no ignorar los avisos de las empresas, ya que muchas veces existen programas de reestructura o descuentos para liquidar el adeudo.
Finalmente, recordaron que informarse sobre los derechos de los consumidores puede ayudar a evitar abusos por parte de despachos de cobranza.
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