, la cual tuvo que ser pospuesta para el próximo 20 de abril debido a que el abogado defensor de los acusados no se presentó.
Las penas solicitadas y el rechazo al trato
Durante la sesión, trascendió la severidad de las condenas que exige la Fiscalía para la familia:
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140 años de prisión para Carlota “N” (de 74 años).
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210 años de cárcel para sus hijos, Mariana y Eduardo “N”.
Ante este panorama, el juez a cargo le propuso a los tres imputados la opción de someterse a un procedimiento abreviado. Esto significaba aceptar su culpabilidad a cambio de una reducción significativa en su sentencia. Sin embargo, Carlota y sus hijos rechazaron rotundamente la oferta, apostando por irse a un juicio ordinario para intentar demostrar su inocencia o legitima defensa.
Para este juicio, el MP adelantó que cuenta con una batería de pruebas que incluye a 10 testigos, videos del enfrentamiento y diversos peritajes.
El origen de la tragedia: ¿Defensa o exceso?
Los hechos que hoy mantienen a la familia tras las rejas ocurrieron en abril de 2025. De acuerdo con la carpeta de investigación, el conflicto estalló cuando una familia de presuntos “paracaidistas” invadió una propiedad perteneciente a Mariana “N” en Chalco.
Al intentar recuperar la vivienda, se desató un violento enfrentamiento. En medio de la disputa, Carlota “N” sacó un arma de fuego y disparó contra los invasores. El saldo fue trágico: perdieron la vida Justin Márquez, de 19 años, y su padre, Esau Márquez, de 51 años, mientras que un adolescente de 15 años resultó gravemente herido en las piernas.
Los invasores también enfrentan a la justicia
Cabe destacar que el caso tiene dos caras. La justicia también ha actuado en contra de los presuntos invasores del domicilio. En febrero de este año, un juez sentenció a 6 años de cárcel a Víctor Eladio Torres por el delito de despojo. Además, una mujer involucrada en la invasión enfrenta su proceso penal en el penal de Texcoco, y una tercera mujer permanece prófuga de la justicia.
El próximo 20 de abril será una fecha clave para determinar el futuro legal de “Doña Carlota” y sus hijos, en un caso que ha dividido a la opinión pública sobre los límites de la defensa del patrimonio.
