La demanda civil en su contra por homicidio involuntario podría ser desestimada si no se reactiva en los próximos días
Miami, Florida.– Aunque el actor mexicano Pablo Lyle continúa cumpliendo una condena de cinco años de prisión por homicidio involuntario, su situación legal ha dado un giro inesperado: actualmente no cuenta con abogado defensor en el proceso civil, lo que podría dejarlo exento de pagar una indemnización millonaria.
Según reportes recientes, la demanda civil interpuesta por la familia de Juan Ricardo Hernández, la víctima del caso ocurrido en 2019, podría ser desestimada si no se reactiva en los próximos días.
Durante el programa “El Gordo y La Flaca”, se informó que tanto Pablo Lyle como la parte acusadora se encuentran sin representación legal, lo que ha provocado que el proceso civil esté detenido.
La audiencia programada para el 31 de julio de 2025 fue pospuesta nuevamente, y se indicó que si el hijo de Juan Ricardo Hernández no reactiva la demanda en un plazo de 20 días, esta podría cerrarse de forma definitiva, eximiendo a Lyle de pagar los montos reclamados.
En 2024, la familia del fallecido presentó la demanda civil exigiendo entre uno y cinco millones de dólares, es decir, más de 90 millones de pesos mexicanos, como compensación por:
Gastos funerarios
Pérdida de ingresos de la viuda
Atención psicológica para los familiares
Aunque este proceso es independiente de la sentencia penal, su posible desestimación representaría un alivio económico significativo para el actor.
En 2019, Pablo Lyle golpeó a Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años, durante una discusión de tránsito en Miami. El golpe provocó que Hernández sufriera traumatismo craneoencefálico y días después falleciera en el hospital.
El caso fue ampliamente mediático y derivó en una sentencia de cinco años de prisión, además de libertad condicional posterior.
La condena de Pablo Lyle contempla que cumpla al menos el 85% del total de su sentencia. Esto significa que, con buen comportamiento, podría obtener su libertad anticipada en 2026.
Mientras tanto, sigue recluido en una prisión de Florida y sin defensa activa en el proceso civil.
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