Pagaban semana a semana, pero fueron desalojados por un pleito legal que desconocían
Torreón, Coahuila.– La familia Rodarte González vivió el pasado jueves 10 de julio uno de los días más trágicos de su vida. Tras más de dos años pagando semana a semana su crédito Infonavit, fueron desalojados por una orden judicial que les arrebató la vivienda que consideraban su hogar en la colonia Villas Universidad Oriente.
Ese día, policías estatales llegaron junto a una persona que se identificó como el dueño legítimo del inmueble y ejecutaron un desalojo inmediato. La familia tuvo que sacar sus pertenencias sin opción de defensa, bajo una orden derivada de un juicio legal que jamás conocieron.
Karina González Noroña, quien realizó el trámite de compra a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), relató que adquirió el inmueble de buena fe con una inmobiliaria, firmó escrituras ante notario público y cumplió con todos sus pagos: “Me rebajaban casi 800 pesos por semana, y nunca me dijeron que la casa estaba en juicio”, dijo entre lágrimas.
La sorpresa llegó cuando la empresa perdió el juicio ante un tercero que reclamó ser el verdadero propietario del domicilio.
Apenas ejecutada la orden, Víctor Enrique, pareja de Karina, perdió su empleo por ausentarse al trabajo tras enterarse del desalojo. Sin casa y sin ingresos, sus pertenencias quedaron a la intemperie, refugiadas en cocheras de familiares. La situación empeoró cuando comenzó a llover.
“No tenemos ni a dónde ir, ya buscamos casa por todos lados, y no hay nada. Estamos destrozados”, confesó Karina.
Ante el problema, acudieron a las oficinas del Infonavit, donde la única opción ofrecida fue cancelar el crédito, proceso que puede tardar hasta seis meses y no garantiza la recuperación inmediata del dinero.
Mientras tanto, la inmobiliaria solo ofreció 3 mil pesos como apoyo provisional para rentar una casa por un mes y se deslindó de toda responsabilidad.
“Yo compré de buena fe. Firmé escrituras. El Infonavit debería verificar que las casas estén libres de litigios antes de autorizar el crédito”, reclamó la afectada. Además, pidieron al gobierno investigar a la inmobiliaria y evitar que otras familias vivan la misma pesadilla.
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