Ciudad de México. – José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, y uno de los principales implicados en el caso Ayotzinapa, fue trasladado del penal federal del Altiplano al Centro Federal de Readaptación Social número 18, en Ramos Arizpe, Coahuila.
El cambio de prisión se realizó el pasado 30 de abril de 2025, según informó la Dirección del penal del Altiplano a la jueza Raquel Duarte Cedillo, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en Toluca. Se trata del primer traslado penitenciario desde su detención en noviembre de 2014.
El ex alcalde promovió un amparo contra las autoridades del Altiplano, argumentando que no se le brindó atención médica especializada en diversas ramas, incluyendo gastroenterología, psiquiatría, oncología, nefrología y traumatología. A raíz del traslado, la juez desechó la demanda al considerar que el acto reclamado ya no tenía efecto jurídico.
“Por tanto, la reparación del actuar omisivo de la autoridad responsable no se ha concretado en la esfera jurídica del quejoso”, resolvió la jueza, citando la Ley de Amparo.
Aunque el documento judicial no especifica las razones administrativas del traslado, normalmente este tipo de decisiones están relacionadas con la saturación del penal, necesidades médicas o conflictos entre internos.
José Luis Abarca enfrenta cuatro procesos penales, entre ellos:
Delincuencia organizada, por presuntos vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos.
Lavado de dinero, por la supuesta compra ilícita de 31 inmuebles valuados en más de 8 millones de pesos.
Secuestro, por el que fue sentenciado a 92 años y 6 meses de prisión en agravio de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular.
Además, fue absuelto en 2023 por la acusación de secuestro contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, debido a falta de pruebas, aunque sigue ligado al caso por otros delitos.
Abarca fue detenido junto a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa el 4 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México. Desde entonces, ambos permanecen encarcelados.
El traslado a Coahuila marca un nuevo capítulo en la situación jurídica del ex edil, señalado como una de las piezas clave en los hechos que derivaron en la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014. La Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con el caso.
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