La agresora fue detenida en el lugar; la víctima sufrió quemaduras de segundo grado en rostro y manos
CIUDAD DE MÉXICO.- Un brutal ataque se registró en calles de la alcaldía Iztapalapa, donde una mujer de 31 años fue detenida luego de rociar con un líquido inflamable y prenderle fuego en la cara a otra mujer, causándole quemaduras graves. El caso ha causado conmoción por la violencia del acto y ha reavivado el debate sobre los ataques con sustancias peligrosas en la capital del país.
Los hechos sucedieron la noche del lunes 7 de julio sobre la avenida Ermita Iztapalapa, en su cruce con la calle Leona Vicario, en la colonia Santa María Aztahuacán. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron tras recibir un reporte ciudadano y encontraron a la víctima tirada en la banqueta con quemaduras visibles en el rostro.
La mujer relató a los oficiales que otra persona de su mismo género la había rociado con un líquido inflamable y, utilizando un encendedor, le prendió fuego directamente en la cara y manos.
Los policías implementaron un operativo en la zona y lograron detener a la presunta agresora a unos metros del lugar del ataque. Fue trasladada ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de determinar su situación jurídica.
De acuerdo con un cruce de información realizado por las autoridades, la detenida ya tenía antecedentes penales, incluyendo un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2024 por el delito de robo calificado.
Paramédicos arribaron al sitio para atender a la mujer lesionada, a quien diagnosticaron con quemaduras de segundo grado en el rostro y manos. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.
El estado de salud de la víctima no ha sido actualizado, pero se reporta como delicado por la extensión de las quemaduras en zonas sensibles.
Este caso ocurre en el contexto de la Ley Malena, aprobada en 2023 en la Ciudad de México, la cual tipifica los ataques con ácido o sustancias corrosivas como delitos autónomos, sancionables con penas de 8 a 12 años de prisión, además de multas económicas que van de 300 a 700 UMAs.
Si el ataque es considerado tentativa de feminicidio, las penas pueden aumentar hasta los 46 años de cárcel, especialmente cuando hay daños permanentes como pérdida de visión, oído, deformidades, o antecedentes de amenazas y violencia previa.
La Fiscalía capitalina se encargará de continuar con la investigación y clasificar el delito conforme a la gravedad de las lesiones. Organizaciones feministas y colectivos de derechos humanos ya han expresado preocupación por el aumento de estos ataques y exigen justicia para la víctima.
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