México.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este viernes que quienes deseen adquirir un chip de telefonía móvil en México deberán registrarse obligatoriamente con nombre completo, CURP e identificación oficial vigente. La medida, explicó, forma parte de una estrategia para combatir el uso de líneas anónimas por parte del crimen organizado.
“Es un tema esencialmente de seguridad… no tiene que ver con ver las conversaciones”, afirmó la mandataria, descartando que se trate de espionaje o vigilancia masiva.
El requisito forma parte de la nueva Ley de Seguridad, así como de reformas a la Ley de Telecomunicaciones, que actualmente están siendo discutidas en el Congreso de la Unión. De aprobarse, se convertirá en una obligación nacional para cualquier persona que desee adquirir una línea telefónica móvil.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el gobierno federal argumenta que delitos como fraudes bancarios, extorsiones, amenazas, acoso, secuestros y robos de identidad son cometidos con frecuencia desde teléfonos desechables, cuya procedencia no puede rastrearse al no estar ligados a una identidad verificable.
Aunque la intención de la medida ha sido defendida como un esfuerzo legítimo de seguridad nacional, organizaciones defensoras de los derechos digitales y expertos en privacidad han manifestado su preocupación:
Advierten que el registro no disuade al crimen organizado, ya que este posee recursos tecnológicos para falsificar datos o suplantar identidades.
Alertan sobre el riesgo de que los padrones sean vulnerados, comercializados o utilizados de forma indebida por funcionarios o actores privados.
Consideran que se pone en riesgo la privacidad y seguridad de los usuarios comunes, sin garantías suficientes de protección de datos.
No es la primera vez que se propone una medida de este tipo en México. Gobiernos anteriores también intentaron implementar registros similares, pero se enfrentaron a resistencia judicial y social por posibles violaciones a los derechos constitucionales.
La iniciativa aún debe ser debatida y aprobada en el Congreso. De pasar, operadores móviles estarían obligados a verificar la identidad de cada comprador antes de activar un número, lo que marcaría un cambio profundo en el acceso a la telefonía móvil en México.
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