Sheinbaum responde con contundencia tras señalamientos a PROFECO; asegura que ni su familia puede intervenir en gestiones públicas
CIUDAD DE MÉXICO. En una declaración que reafirma su política de cero tolerancia a la corrupción y el tráfico de influencias, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes que ha prohibido terminantemente a su familia tener contacto con funcionarios públicos, salvo en situaciones estrictamente personales como saludos o felicitaciones.
Durante la conferencia matutina del 16 de julio, Sheinbaum fue cuestionada sobre los señalamientos hechos por el titular de la PROFECO, Iván Escalante, quien reveló que algunos legisladores lo buscaron para “gestionar” la verificación de una gasolinera.
La mandataria no dudó en establecer su postura:
“Mi opinión es que no puede haber tráfico de influencias de ningún tipo para ninguna cosa en el Gobierno… Mi familia tiene prohibido hablar con cualquier servidor público, salvo para saludar o el día de su cumpleaños. No debe haber tráfico de influencias en ningún gobierno”, sostuvo Sheinbaum desde Palacio Nacional.
Esta medida, explicó, busca evitar que cualquier persona cercana a ella —ya sea cuñado, primo hermano o incluso amigo lejano— haga uso de su nombre o relación familiar para obtener favores o influir en decisiones de gobierno.
La respuesta presidencial surge luego de que Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, comentara en una reunión con diputados federales que había sido presionado por legisladores para intervenir en favor de una gasolinera que sería verificada por irregularidades.
Escalante denunció que algunos intentaron hacer gestiones a través de “recomendaciones” o favores, situación que Sheinbaum aprovechó para reforzar su mensaje de integridad:
“Menos si hay una instalación que está funcionando mal. Nadie debe intervenir a nombre de nadie”, recalcó.
Sheinbaum, quien ha construido su imagen política bajo los principios de austeridad, legalidad y transparencia, dejó claro que ni siquiera sus propios familiares podrán tener injerencia en los asuntos del gobierno federal.
Este mensaje fue bien recibido por sectores que demandan mayor vigilancia sobre el uso indebido del poder público, aunque también desató reacciones críticas en redes sociales, donde algunos cuestionaron si la medida es suficiente para frenar las viejas prácticas de amiguismo e influyentismo político.
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