Michoacán, Jalisco y Guanajuato.– Una nueva ola de violencia coordinada sacudió a tres estados del occidente del país este miércoles, dejando un saldo de dos policías asesinados, bloqueos carreteros, vehículos incendiados y ataques a comercios. Las autoridades federales atribuyeron los hechos a una disputa entre grupos del crimen organizado.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó este jueves que los incidentes violentos se registraron en 26 municipios de Michoacán, dos en Guanajuato y uno en Jalisco, zonas donde operan los cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y al menos cuatro organizaciones más.
Durante los operativos de contención, las fuerzas de seguridad incautaron artefactos explosivos, destruyeron minas y restablecieron la movilidad en las principales vialidades, según informó García Harfuch en su cuenta oficial en X (antes Twitter).
Con estas dos nuevas bajas, ya suman al menos 140 policías asesinados en lo que va del año, un aumento del 47% con respecto al año anterior, de acuerdo con datos de la organización civil Causa en Común. La cifra representa un promedio de un policía asesinado por día en México.
El especialista en seguridad, David Saucedo, expresó dudas sobre la versión gubernamental. Indicó que los bloqueos y quema de vehículos no suelen formar parte de enfrentamientos entre cárteles rivales, sino que se dan usualmente en respuesta a detenciones o acciones operativas del Estado, por lo que calificó estos actos como “acciones de narcoterrorismo”.
En un hecho separado, la Fiscalía de Jalisco confirmó el asesinato de María del Carmen Morales, una activista buscadora de desaparecidos, y su hijo Jaime Daniel Ramírez, en Tlajomulco de Zúñiga. Morales formaba parte del colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco y desde febrero del año pasado buscaba a uno de sus hijos desaparecido.
El ataque ocurrió fuera de su domicilio. La fiscalía estatal señaló que el móvil del asesinato no estaría relacionado con su labor como buscadora, aunque colectivos y académicos rechazaron esa conclusión. La Universidad de Guadalajara, a través de su comité en materia de desapariciones, calificó como “irresponsable” que se descarte esa línea sin una investigación completa.
Este caso se suma al de Teresa González, asesinada a inicios de mes también en Jalisco. Ella formaba parte del colectivo Luz de Esperanza, creado por familiares de personas desaparecidas. En ese caso, las autoridades locales también descartaron vínculos con su labor social, alegando que el móvil fue un intento de robo.
Los recientes asesinatos de activistas y familiares de desaparecidos han encendido las alarmas entre colectivos y organismos de derechos humanos, que señalan una falta de protección efectiva para quienes realizan esta labor fundamental en el país.
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