Elementos del Ejército mexicano son investigados por su presunta relación con la muerte de Fernando Alan Arce, joven universitario de 23 años, ocurrida el 13 de enero en Culiacán, en un contexto de violencia armada derivada de la pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa.
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que existen indagatorias en curso tras el fallecimiento del joven, quien quedó en medio de un intercambio de disparos durante una persecución a presuntos delincuentes.
Durante la conferencia presidencial matutina, Trevilla Trejo explicó que personal militar perseguía a supuestos criminales que agredieron a las fuerzas armadas, y que en ese contexto se produjo el deceso del joven que viajaba en un vehículo. El funcionario no precisó cuántos militares estarían implicados ni a qué unidad pertenecen.
La familia de Fernando Alan Arce sostiene una versión distinta. De acuerdo con sus padres, el joven viajaba con una mujer cuando fueron tiroteados por los uniformados al confundirlos con delincuentes. La acompañante resultó gravemente herida.
“Solo por ser del mismo color del carro al que sí atacarían, abrieron fuego contra él”, declaró Denisse Arce, madre del joven, a la cadena Milenio, al exigir esclarecimiento y castigo a los responsables.
El caso es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) y por la justicia militar. Al lamentar los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “no queremos que estos casos se repitan” y subrayó que debe haber sanciones si se acreditan responsabilidades.
Un episodio similar ocurrió en mayo del año pasado en Badiraguato, donde las niñas Leidy y Alexa, de 7 y 11 años, murieron durante un tiroteo con presunta participación de militares. Por ese caso, seis elementos fueron detenidos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció violaciones graves a derechos humanos y solicitó medidas reparatorias y una disculpa pública.
Desde septiembre de 2024, Sinaloa enfrenta una escalada de violencia por la disputa entre Los Chapitos —hijos de Joaquín El Chapo Guzmán— y el grupo ligado a Ismael El Mayo Zambada, tras la detención de Zambada en julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López en Texas.
En respuesta, el gobierno federal ha desplegado más de 2,500 efectivos militares en el estado; sin embargo, la violencia persiste y las autoridades continúan evaluando su estrategia de seguridad.
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