Fue arrestado en Mulegé por incumplimiento de la obligación alimentaria; debía manutención desde hace más de dos décadas
CIUDAD DE MÉXICO — Luis Ángel “N” fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala, luego de permanecer más de 20 años sin pagar la pensión alimenticia de su hija. La orden de aprehensión fue cumplimentada en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, con el apoyo de la Procuraduría local.
De acuerdo con el comunicado oficial, el hombre había sido denunciado desde el año 2003, cuando dejó de cubrir los gastos alimentarios de su hija, tras lo cual la madre interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
El caso fue reactivado recientemente y derivó en una investigación coordinada entre entidades estatales, que culminó con la localización y captura del deudor alimentario, quien ahora enfrenta cargos formales por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria.
Este delito está tipificado a nivel nacional en el artículo 336 BIS del Código Penal Federal, el cual establece sanciones de seis meses a tres años de prisión para quien eluda deliberadamente su responsabilidad.
“Se impondrá prisión a quien se coloque en estado de insolvencia para evadir su deber alimentario”, cita el artículo.
Además, la ley contempla que incluso con el perdón de la parte afectada, el deudor deberá saldar todas las cantidades pendientes antes de quedar exento.
La obligación alimentaria en México es un derecho constitucional de niñas, niños y adolescentes. Si no se cumple, el deudor puede enfrentar las siguientes consecuencias legales:
Prisión de 6 meses a 3 años, según el delito tipificado.
Ser inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
No puede obtener licencia de conducir, pasaporte ni documentos de identidad y viaje.
No puede postularse a cargos públicos o de elección popular.
Se le limita la compraventa de bienes inmuebles ante notarios públicos.
Incluso, los jueces del Registro Civil deben revisar esta información antes de autorizar un matrimonio.
Este registro se ha convertido en una herramienta pública de control, ya que permite identificar a personas que evaden su obligación parental. Actualmente, varios estados como Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, publican listas abiertas que restringen trámites y participación cívica a quienes estén en esa condición.
“No es venganza, es justicia para los menores. El que no cumple con sus hijos, no debe tener beneficios del Estado”, señalan activistas en defensa de la niñez.
El caso de Luis Ángel ‘N’, quien evadió su responsabilidad por más de dos décadas, es ahora símbolo de que la omisión tiene consecuencias legales, aunque el tiempo pase. Su arresto muestra que las denuncias por pensión alimenticia no caducan fácilmente y que las autoridades pueden actuar incluso a nivel interestatal.
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