WASHINGTON D.C. — Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como Z-40 y Z-42, ex líderes del cártel de Los Zetas, enfrentan en Estados Unidos acusaciones federales por delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero, con la pena de muerte como una posibilidad real en caso de ser hallados culpables.
Desde su extradición de México el pasado 28 de febrero, ambos han sido recluidos en prisiones separadas, bajo medidas de alta seguridad que incluyen restricciones severas en sus comunicaciones, de acuerdo con documentos judiciales y fuentes consultadas por Milenio.
Omar Treviño Morales fue trasladado en abril al Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Brooklyn, Nueva York, donde también están detenidos otros narcotraficantes de alto perfil como Ismael “El Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero.
En tanto, Miguel Ángel Treviño permanece en una cárcel local en Virginia, fuera del sistema federal de prisiones y alejado de la Corte del Distrito de Columbia, donde está radicado su proceso, a cargo del juez Trevor McFadden.
En una moción presentada ante la Corte, la defensa de Omar Treviño, encabezada por la abogada Bernadette M. Donovan, solicitó el traslado inmediato de su cliente a una prisión dentro del Distrito de Columbia o sus alrededores, argumentando que la actual situación viola sus derechos constitucionales.
El documento afirma que:
El MDC de Brooklyn limita severamente las visitas legales, con solo una sala disponible y separación por plexiglás.
La ubicación impide a los abogados preparar adecuadamente una defensa en un caso de posible pena capital.
Todos los abogados defensores están radicados en Washington, Virginia o Texas, lo que complica aún más la comunicación.
“La vida del Sr. Treviño está en juego, y en estas condiciones es imposible garantizar una defensa adecuada”, señala la moción.
Además, recalcan que en los casos de pena de muerte es indispensable preparar “paquetes de mitigación”, es decir, expedientes que incluyan evidencia personal, médica, psicológica y social que pueda convencer al juez o al jurado de evitar la pena máxima.
Funcionarios del gobierno estadounidense explicaron que ambos hermanos son considerados internos de “alto riesgo”, por lo que se decidió recluirlos en centros distintos para evitar cualquier intento de coordinación delictiva, incluso desde prisión. Una medida similar fue adoptada en México, donde ambos permanecieron más de seis años en el penal federal del Altiplano bajo estrictas medidas de vigilancia.
La próxima audiencia en el proceso de los Treviño Morales está programada para el 14 de octubre, donde el juez McFadden podría pronunciarse sobre la solicitud de traslado de Omar Treviño.
Mientras tanto, el juicio sigue en fase preparatoria, y se espera que en los próximos meses se defina si la fiscalía buscará formalmente la pena de muerte o se limita a penas de cadena perpetua, en función de la gravedad de las pruebas.
Antes de su extradición, Miguel Ángel y Omar Treviño fueron considerados reclusos de máxima seguridad en México. Incluso Omar participó en una huelga de hambre en 2015 dentro del Altiplano, alegando violaciones a sus derechos humanos y maltrato penitenciario.
Autoridades mexicanas también sospechaban que intentaban seguir operando desde prisión, usando familiares y supuestos abogados como enlaces externos.
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