Estaba embarazada la joven asesinada junto a su pareja por la Guardia Nacional

Sinaloa, México.– La tarde del domingo 1 de junio, un hecho violento protagonizado por elementos de la Guardia Nacional (GN) dejó como saldo dos personas asesinadas en el municipio de Sinaloa de Leyva, entre ellas una joven mujer embarazada de cuatro meses. La víctima, identificada como Jessica, de 25 años, era psicóloga y ejercía su profesión activamente. Su pareja sentimental, Néstor, de 48 años, era comerciante dedicado a la venta de pollos asados.

El suceso: fueron obligados a hincarse antes del ataque

El hecho ocurrió cuando la pareja se dirigía en su camioneta Dodge blanca por un camino de terracería rumbo al poblado El Aguajito, donde planeaban visitar a familiares. Ambos eran originarios de El Alamito, también en el municipio de Sinaloa. De acuerdo con versiones de vecinos, la camioneta fue interceptada por elementos de la GN, quienes presuntamente los bajaron del vehículo, los hincaron y luego les dispararon, pese a que varios pobladores trataron de intervenir para advertir que se trataba de personas sin vínculos criminales.

Vecinos señalaron que Jessica se veía aterrada, mientras que Néstor fue encañonado antes de que se escucharan las detonaciones. El hecho, según testigos, no fue producto de una persecución ni un enfrentamiento: fueron ejecutados estando en el suelo.

Indignación en la comunidad y silencio oficial

La comunidad ha manifestado su profunda indignación y exige justicia, señalando que no hay justificación para la violencia ejercida por los elementos federales. Hasta ahora, ni la Guardia Nacional ni las autoridades estatales han emitido una versión oficial de los hechos. Incluso, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no incluyó el asesinato de Jessica y Néstor en su informe del 2 de junio sobre homicidios dolosos, lo que ha generado aún más molestias entre la población.

Cabe destacar que Jessica y Néstor habían compartido recientemente la noticia de su embarazo, lo cual hace aún más dolorosa la tragedia. El ataque ha sido calificado como un acto de brutalidad institucional, y familiares han pedido la intervención de organismos de derechos humanos para esclarecer lo ocurrido.