Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, ha solicitado al gobierno de México que intervenga para su repatriación desde Estados Unidos, argumentando que su traslado a ese país fue “irregular e ilegal”. En una carta enviada al consulado mexicano en Nueva York, Zambada advierte que, de no atenderse su petición, podría producirse un “colapso” en las relaciones entre México y Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la recepción de la solicitud y señaló que será remitida a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis. Sheinbaum enfatizó que, más allá de la figura de Zambada y los delitos que se le imputan, es fundamental revisar el procedimiento de su captura y traslado para garantizar el respeto a la soberanía nacional y el debido proceso.
Zambada fue detenido en julio de 2024 en El Paso, Texas, en circunstancias que él describe como un “secuestro” orquestado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según su versión, fue emboscado durante una reunión en Culiacán, Sinaloa, y trasladado por la fuerza a Estados Unidos sin la intervención de las autoridades mexicanas.
La FGR ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer los detalles de la detención y determinar las acciones legales procedentes. Mientras tanto, el gobierno mexicano ha solicitado a Estados Unidos el expediente completo sobre el arresto de Zambada, con el fin de evaluar la legalidad del proceso y considerar la posible repatriación del capo para que sea juzgado en territorio nacional.
Este caso se enmarca en un contexto de tensiones en la relación bilateral, especialmente en materia de seguridad y combate al narcotráfico. La administración de Donald Trump ha intensificado sus acciones contra los cárteles mexicanos, incluyendo la designación de varias organizaciones como grupos terroristas, lo que ha generado preocupación en el gobierno mexicano por posibles violaciones a su soberanía.
La resolución de la solicitud de Zambada podría tener implicaciones significativas en la cooperación entre ambos países en temas de seguridad y justicia. Las autoridades mexicanas se encuentran en proceso de análisis para determinar los pasos a seguir, siempre en apego a la legalidad y al respeto mutuo entre las naciones.
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