La eliminación de los cárteles del narcotráfico en México no solo representa un desafío en materia de seguridad, sino también un alto costo político para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien enfrenta presiones constantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lanzar una ofensiva total contra el crimen organizado.
Trump ha reiterado públicamente su intención de desplegar tropas estadounidenses en territorio mexicano para “eliminar a los cárteles”, especialmente aquellos vinculados al tráfico de fentanilo. Sin embargo, Sheinbaum ha rechazado esa posibilidad, defendiendo la soberanía nacional y apostando por una estrategia propia, lo que ha generado tensiones bilaterales.
En declaraciones recientes, Trump aseguró que Sheinbaum “es una buena mujer”, pero afirmó que “los cárteles gobiernan México”, insinuando que la presidenta actúa con cautela por temor. Estas afirmaciones simplifican un fenómeno mucho más complejo: el narcotráfico no solo enfrenta al Estado, en muchos casos forma parte de sus estructuras locales.
Especialistas y periodistas que han documentado el fenómeno durante décadas coinciden en que la fuerza militar por sí sola no basta. El problema radica en la colusión histórica entre autoridades y grupos criminales, una relación que se remonta a más de un siglo y que sobrevivió incluso a la transición democrática del año 2000.
Para Sheinbaum, combatir frontalmente a los cárteles implica también confrontar redes políticas que sostienen el poder local. Morena, el partido gobernante, no es ajeno a señalamientos de vínculos con el crimen organizado, aunque no es el único instituto político señalado; es, simplemente, la fuerza dominante.
A diferencia de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum no ejerce un control absoluto sobre Morena. El partido está dividido en facciones leales a ella y a AMLO, más separadas por lealtades personales que por ideología. Avanzar contra políticos corruptos podría fracturar al partido y debilitarlo rumbo a las elecciones intermedias.
Investigaciones históricas documentan que, durante el régimen de partido único, autoridades estatales y municipales protegían a ciertos narcotraficantes a cambio de beneficios económicos. Con el tiempo, las agencias federales heredaron muchas de estas redes de protección.
La llamada guerra contra las drogas, iniciada en 2006, no erradicó estas prácticas; por el contrario, difuminó las líneas. Tras la captura o muerte de grandes capos, los cárteles se fragmentaron en estructuras más pequeñas, territoriales, que hoy extorsionan, roban combustible y trafican migrantes, además de drogas.
Un caso emblemático ocurrió en Tabasco, estado natal de AMLO. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal, fue acusado de dirigir en secreto a un grupo criminal mientras ocupaba el cargo. Su presunto patrocinador político habría sido Adán Augusto López Hernández, exgobernador y figura clave de Morena.
Este episodio alimentó el escepticismo incluso dentro del propio partido, mostrando la profundidad del problema y los riesgos políticos de enfrentarlo.
En otras regiones, los cárteles imponen candidatos, amenazan a autoridades y asesinan a quienes se resisten. Antes de las elecciones de 2024, alrededor de 30 candidatos locales fueron asesinados y cientos abandonaron sus campañas por presión criminal. El mensaje es claro: en amplias zonas del país, el poder político se disputa bajo fuego.
Sheinbaum ha adoptado un discurso más duro que AMLO en materia de seguridad. Su gobierno presume:
Miles de detenciones.
Traslado de 92 presuntos líderes criminales a Estados Unidos.
Descenso en la tasa de homicidios.
Arrestos de funcionarios locales, incluso de Morena, acusados de colaborar con el crimen.
Sin embargo, evita hablar abiertamente de las estructuras políticas que protegen a los cárteles. No solo por cálculo político, sino por el riesgo de desatar picos de violencia, como ha ocurrido cuando se rompen redes de protección y grupos rivales avanzan sobre territorios vulnerables.
Algunas voces han propuesto un proceso de justicia transicional, con comisiones de la verdad y tribunales especiales para desmontar redes de colusión. Pero el costo político para Morena sería enorme y podría socavar su legitimidad, al revelarse vínculos incómodos con el pasado y el presente.
Con cientos de miles de muertos y desaparecidos tras dos décadas de guerra contra las drogas, la sociedad mexicana muestra poca disposición a un nuevo estallido de violencia.
Sheinbaum no parece temerle personalmente a los cárteles; mantiene giras y actos públicos. Pero sí es cautelosa frente a un sistema de poder entrelazado con el crimen organizado, mientras enfrenta la presión de una superpotencia que exige una cruzada.
Hoy, la presidenta camina por una línea delgada: resistir las exigencias de Trump, mantener la estabilidad interna y decidir hasta dónde llegar en una lucha que, más que militar, es profundamente política.
‘El Chabelo’ fue asesinado a balazos en Huixtla; agresores fingieron pedir un trabajo antes de…
Más de mil trabajadores avanzarán a juicio laboral luego de la quiebra del corporativo en…
El mensaje fue firmado por “La Línea” y colocado en la malla ciclónica de un…
El Servicio Militar Nacional reduce su duración y redefine el proceso para los nuevos conscriptos…
Ahorros informales bajo la lupa: depósitos mayores a 15 mil pesos podrían detonar revisiones fiscales…
El conductor fue arrestado por DUI y enfrenta cargos de abuso infantil; los menores quedaron…