México.– En un hecho sin precedentes, Hugo Aguilar Ortiz, un abogado indígena originario de Oaxaca, ha sido elegido como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consolidándose como una figura clave en la nueva etapa del Poder Judicial en México.
Su historia personal, marcada por la pobreza y la lucha comunitaria, se ha convertido en símbolo de esperanza para los pueblos originarios, en un país donde la marginación estructural aún persiste.
Nacido en la comunidad de San Agustín Tlacotepec, en las montañas de Oaxaca, Aguilar Ortiz creció hablando tu’un savi (mixteco) junto a sus abuelas. De niño pastoreaba cabras, sin imaginar que un día estaría al frente del máximo órgano judicial del país.
“Pensaba que el mundo acababa en las montañas”, recordó el ahora ministro presidente, de 52 años, en una reciente entrevista. Su familia vivía con lo básico: su padre era maestro y su madre trabajaba en el campo.
Su llegada a la SCJN ocurre tras la histórica reforma judicial impulsada por Morena, que modificó la Constitución para permitir que jueces y magistrados fueran electos por el voto popular.
La decisión ha generado polémica: opositores acusan una concentración de poder, mientras que el oficialismo la defiende como un paso hacia un sistema judicial más transparente, democrático e incluyente.
Antes de su ascenso al poder judicial, Aguilar Ortiz fue asesor jurídico del EZLN y abogado en casos de derechos humanos. Participó en procesos legales que dieron voz a comunidades indígenas en conflictos con grandes empresas, como un proyecto minero canadiense.
También fue subsecretario de Asuntos Indígenas de Oaxaca, aunque renunció tras una represión policial contra maestros en 2016.
Desde 2018, bajo el gobierno de López Obrador, se desempeñó como coordinador general de Derechos Indígenas en el gobierno federal.
Aguilar Ortiz ha reiterado que su prioridad al frente de la SCJN será fortalecer el Estado de derecho, erradicar la corrupción y acercar la justicia a las comunidades indígenas. Su historia, según activistas, representa una ruptura con la élite tradicional del poder judicial en México.
“Me hace sentir que ahora sí podemos hablar de justicia”, expresó Alejandro Marreros, activista nahua.
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