Chiapas y Guerrero lideran la alarmante estadística; piden tratar cada caso como violencia sexual infantil
CIUDAD DE MÉXICO.– La tragedia silenciosa del embarazo infantil sacudió nuevamente a México en 2024. Según datos oficiales de la Secretaría de Salud, 7 mil 975 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres, lo que equivale a 22 partos diarios en menores de edad.
El fenómeno pone en el centro de la discusión la ausencia de protocolos efectivos para prevenir y sancionar la violencia sexual contra niñas, especialmente en estados como Chiapas, Guerrero, Campeche, Chihuahua y Oaxaca, donde las tasas por cada 10 mil niñas están muy por encima del promedio nacional.
Un análisis realizado por la investigadora Montserrat Mora expuso que, en varios casos, las parejas registradas eran hombres adultos, incluso de hasta 65 años, mientras las niñas tenían entre 10 y 12 años. Apenas siete de los casos involucraban a menores de edad como padres. El resto eran adultos legalmente responsables.
Casos como el de una niña de 12 años en El Oro, Estado de México, embarazada por un hombre de 65, y otra de 10 años en Texcoco con un adulto de 32, encendieron las alertas sobre la normalización del abuso sexual infantil en ciertas regiones.
Según el estudio, cuatro de cada diez partos de menores ocurrieron en:
Chiapas
Estado de México
Veracruz
Puebla
Jalisco
Por proporción de nacimientos, Chiapas encabeza con una tasa de 28.3 por cada 10 mil niñas, seguida por Guerrero (24) y Campeche (20.6), todas por encima del promedio nacional de 14.6.
La organización civil Reinserta advirtió que todo embarazo infantil debe ser tratado como una señal de violencia sexual grave, y llamó a que cada caso con un adulto como presunto padre sea investigado penalmente.
También pidieron al Estado mexicano implementar de forma urgente una Ruta Nacional de Atención Integral que contemple:
Atención médica especializada
Acompañamiento psicológico y jurídico
Activación inmediata de protocolos en escuelas, hospitales y oficinas del registro civil
Estos nacimientos exponen lo que expertos califican como un fracaso institucional generalizado para prevenir el abuso sexual, garantizar educación integral en sexualidad y brindar acceso a justicia para las niñas víctimas.
“Estamos ante una crisis de derechos humanos. La ausencia del Estado en estos casos permite que la impunidad y la violencia sigan reproduciéndose”, declaró la investigadora Mora.
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