Fue secuestrada y obligada a grabar un mensaje antes de morir de un infarto; el crimen ha conmocionado a Veracruz y a todo México
ÁLAMO TEMAPACHE, VERACRUZ.– El asesinato de Irma Hernández Cruz, una maestra jubilada y taxista de 62 años, ha sacudido a todo el país. Su historia no solo revela la crudeza del crimen organizado en Veracruz, sino también la impunidad que aún prevalece, incluso cuando las víctimas claman por justicia ante las cámaras.
Irma fue secuestrada el pasado 18 de julio por un grupo armado identificado como La Mafia Veracruzana, y su cuerpo apareció sin vida seis días después en un paraje del municipio de Álamo Temapache, al norte del estado.
Irma Hernández no solo fue una educadora, sino también una trabajadora incansable. Con dos unidades de taxi, buscaba sostener su vida como pensionada. Esa misma actividad la convirtió en blanco del cobro de piso que impone el crimen organizado en la región.
Fue secuestrada tras negarse a pagar la “cuota” que le exigía el grupo autodenominado Mafia Veracruzana, el mismo que la obligó a grabar un mensaje dirigido a otros taxistas, pidiéndoles que se alinearan o terminarían como ella.
En el video que se viralizó en redes sociales, se observa a Irma en medio del monte, rodeada por doce hombres encapuchados y armados. Su voz temblorosa dice:
“Mi nombre es Irma Hernández Cruz, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con La Mafia Veracruzana no se juega. Pague su cuota como debe ser con ellos y dejen de andar de… con los charros que solo los extorsionan… o van a terminar como yo”.
Según el dictamen forense, la maestra murió de un infarto, resultado del estrés extremo y la violencia ejercida durante su secuestro.
Este 26 de julio, Irma fue sepultada en el panteón del ejido Pueblo Nuevo, en su natal Álamo Temapache. La ceremonia fue íntima y sencilla, pero cargada de dolor y rabia. Su hija, entre lágrimas, dijo que su madre no merecía morir así, ni ser recordada por un video humillante, sino por sus años de servicio y su lucha.
De acuerdo con archivos filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya, el grupo conocido como “Grupo Sombra”, surgió en 2017 como brazo armado del Cártel del Golfo, y con el tiempo comenzó a operar como La Mafia Veracruzana.
Se les atribuyen múltiples delitos: ejecuciones públicas, cobros de piso, desmembramientos y colocación de narcomantas.
La presión social y mediática obligó a las autoridades a actuar. La Fiscalía de Veracruz, en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal, informó el 25 de julio la detención de tres presuntos responsables:
Víctor “N”, alias El Cholo o Moyo
José “N”, alias El Gastón o Águila
Jeana Paola “N”, en posesión de una libreta con listas de cobro de piso, marihuana y un vehículo con placas de Tamaulipas
A los primeros dos se les aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, armas blancas, teléfonos y dinero en efectivo durante un operativo en Cerro Azul, municipio cercano a Álamo Temapache.
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, aseguró que “no hay pactos con el crimen organizado” y que la Fiscalía estatal está dando seguimiento puntual al caso.
“El pacto que tenemos es con el pueblo, no con ningún grupo”, dijo Nahle.
En la misma línea, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gabinete de Seguridad federal colabora activamente para evitar que el caso quede impune.
No obstante, voces como la del presidente del PRI, Alejandro Moreno, señalaron que el gobierno ha sido rebasado por la delincuencia, exigiendo justicia y acciones más contundentes.
Irma Hernández se convirtió, sin quererlo, en símbolo del hartazgo contra las extorsiones y la violencia cotidiana que viven miles de trabajadores en Veracruz.
Su caso ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad, combatir el cobro de piso y garantizar la libertad de trabajo sin miedo.
El pueblo, sus colegas y su familia exigen memoria, justicia y castigo para los responsables. Que su último viaje no haya sido en vano.
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