CIUDAD DE MÉXICO. — El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una alerta para los trabajadores próximos a jubilarse sobre diversas irregularidades y omisiones que podrían poner en riesgo el pago de su pensión. El incumplimiento de ciertos requisitos legales o la detección de simulaciones laborales pueden derivar en la cancelación definitiva del beneficio.
El instituto ha reforzado sus auditorías para garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente cumplen con la normativa. Entre los factores más comunes que invalidan una solicitud se encuentran:
Simulación Laboral: Dar de alta a una persona en una empresa sin que exista una relación de trabajo real, generalmente con el fin de recuperar la vigencia de derechos.
Falta de Vigencia de Derechos: No solicitar la pensión dentro del periodo de gracia permitido tras haber dejado de cotizar, el cual equivale a la cuarta parte del tiempo total cotizado.
Inconsistencias en Datos Personales: Errores en el RFC, CURP o nombre que no coincidan entre el IMSS, la Afore y el Registro Civil.
Fallecimiento del titular sin beneficiarios legales: Si no se han designado correctamente a los beneficiarios, el recurso podría quedar congelado en la cuenta individual.
El IMSS advirtió especialmente sobre gestores que ofrecen “arreglar” el historial crediticio o vender semanas de cotización de forma externa. Estas prácticas son consideradas fraudulentas y, de ser detectadas, el instituto anula el trámite de inmediato y puede proceder legalmente contra el solicitante por falsedad de declaraciones.
Para evitar contratiempos, las autoridades recomiendan realizar los siguientes pasos de manera personal y gratuita:
Revisar la Constancia de Semanas Cotizadas: Verificar que todos los patrones hayan realizado las aportaciones correspondientes.
Unificar Cuentas: Asegurarse de tener un solo Número de Seguridad Social (NSS) vinculado a la Afore.
Utilizar la Modalidad 40 Legalmente: Si se desea incrementar el monto de la pensión, hacerlo a través de los canales oficiales del IMSS para el pago de cuotas voluntarias.
Perder este derecho no solo afecta la estabilidad económica del trabajador en su vejez, sino que también elimina el acceso a los servicios de salud gratuitos que brinda el instituto y las prestaciones sociales asociadas, como el aguinaldo y los préstamos para pensionados.
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