La presidenta exigió pruebas concretas al Departamento del Tesoro y rechazó subordinación: "México no es piñata de nadie"
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó categóricamente las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vinculaban a tres instituciones financieras mexicanas con presuntas actividades de lavado de dinero. En su conferencia matutina de este 26 de junio, la mandataria fue clara:
“México no se subordina a nadie… somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, pero no nos subordinamos. A México se le respeta”, afirmó desde Palacio Nacional.
El gobierno estadounidense había señalado a Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CIBanco por supuestos nexos con organizaciones criminales. Sin embargo, México asegura que no ha recibido ninguna prueba concreta, más allá de registros de transferencias electrónicas entre empresas legalmente constituidas en China y entidades financieras nacionales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) iniciaron un proceso de verificación tras recibir el aviso del Tesoro. Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia de lavado de dinero, aunque sí irregularidades administrativas que derivaron en multas por un total de 134 millones de pesos.
“Si hay pruebas, se actúa; si no hay pruebas, no puede haber acusaciones ni sanciones”, sostuvo Sheinbaum, recordando el caso del general Cienfuegos, quien fue detenido por EE.UU. sin evidencias concluyentes y luego liberado.
México pidió formalmente al Tesoro que entregue las pruebas de los supuestos vínculos ilegales, pero la única información entregada hasta ahora se refiere a transferencias normales entre empresas mexicanas y chinas, en el marco de un intercambio comercial que supera los 139 mil millones de dólares anuales.
En paralelo, el Senado aprobó reformas para fortalecer el combate al lavado de dinero, incorporando nuevas actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, activos virtuales y fideicomisos. También se establece una mejor coordinación entre autoridades y se incluyen nuevas definiciones legales como “beneficiario controlador” y “persona políticamente expuesta”.
Con esto, el gobierno de Sheinbaum busca demostrar firmeza ante las acusaciones extranjeras sin ceder soberanía ni protagonismo político.
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