Gobernadora Maru Campos descarta crimen organizado tras hallazgo de 383 cuerpos en crematorio de Juárez
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Tras el escalofriante hallazgo de más de 383 cuerpos abandonados al interior de un crematorio en la colonia Granjas Polo Gamboa, la gobernadora María Eugenia Campos Galván afirmó este lunes que, hasta el momento, no hay indicios de que el crimen organizado esté vinculado con los hechos. No obstante, calificó la operación como un acto brutal de negligencia y engaño por parte de los responsables del establecimiento.
Durante un recorrido por la zona afectada, la mandataria estatal explicó que el crematorio en cuestión contaba con los permisos legales para operar, pero sus encargados “se pasaron de vivos” al incumplir con los servicios por los que los familiares ya habían pagado. En lugar de incinerar los restos, los cuerpos eran almacenados sin control dentro del inmueble, lo que provocó una crisis sanitaria y de confianza sin precedentes.
El caso salió a la luz gracias a reportes ciudadanos sobre olores fétidos que emanaban del interior del crematorio. Vecinos del sector dieron aviso a las autoridades, quienes, al ingresar al lugar, se toparon con una escena que calificaron como “inhumana”: cientos de cuerpos apilados, algunos en estado de descomposición avanzada, otros almacenados en bolsas y urnas sin procesar.
La cifra de 383 cuerpos fue confirmada por la Fiscalía General del Estado, lo que desató una ola de indignación tanto a nivel local como nacional. A pesar del terrorífico hallazgo, la gobernadora fue enfática al declarar que la acumulación no fue parte de una red criminal, sino consecuencia de una cadena de negligencias por parte del personal del crematorio.
Campos señaló que el lugar tenía autorización para operar, pero sus responsables engañaron deliberadamente a las familias, recibiendo pagos por cremaciones que nunca realizaron. Los cuerpos fueron ocultados en diferentes espacios del inmueble, lo que permitió que la actividad continuara sin levantar sospechas por un tiempo prolongado.
“El establecimiento tenía permisos, pero eso no justifica que hayan actuado con total falta de respeto a la vida y la muerte. No es crimen organizado, pero sí es un crimen moral y humano”, dijo Campos ante medios de comunicación.
La Fiscalía confirmó que ya hay una persona detenida relacionada con la administración del crematorio, mientras que otras personas están bajo investigación. Se analiza si hubo complicidad de empleados o si la actividad era conocida por más personas en la cadena operativa.
A su vez, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) será objeto de una auditoría interna, ya que había inspeccionado el lugar en al menos cuatro ocasiones sin detectar las irregularidades.
Los familiares de los fallecidos se encuentran devastados y exigen justicia. Muchos habían entregado a sus seres queridos con la esperanza de un proceso digno, y ahora enfrentan la incertidumbre de si los restos que fueron almacenados realmente pertenecen a sus allegados.
“Nos entregaron una urna vacía. Decían que ya estaba incinerado. ¿Entonces a quién lloramos?”, denunció una mujer que acudió al sitio al enterarse del escándalo.
Se ha solicitado apoyo forense para realizar pruebas de ADN, ya que muchos de los cuerpos fueron almacenados sin etiquetas claras de identificación.
El caso también ha puesto bajo la lupa el sistema de regulación sanitaria. Coespris, que debería haber detectado irregularidades, no encontró nada durante sus revisiones. Maru Campos afirmó que se investigarán las posibles fallas administrativas y se fortalecerán los mecanismos de inspección a funerarias y crematorios en todo el estado.
“Esto no puede volver a pasar. Es necesario revisar a fondo todo el sistema de vigilancia y control. Las familias deben tener confianza en que sus muertos serán tratados con dignidad”, expresó la gobernadora.
El hallazgo ha causado una fuerte repercusión a nivel nacional. Activistas por los derechos humanos, especialistas forenses y líderes religiosos han condenado lo ocurrido, calificándolo como una falla ética, sanitaria y humana que requiere una revisión urgente de los procesos funerarios en el país.
La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un mensaje de solidaridad con las familias afectadas y pidió a las autoridades garantizar justicia, así como castigar ejemplarmente a los responsables.
Ante la magnitud del caso, el Gobierno de Chihuahua anunció:
Intervención inmediata en todos los crematorios del estado para revisiones sanitarias y operativas.
Auditoría interna a Coespris y revisión de los protocolos de inspección.
Apoyo psicológico y legal gratuito a los familiares afectados.
Coordinación con el Gobierno Federal para el envío de personal forense adicional.
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