CIUDAD JUÁREZ.- Mientras continúan las investigaciones por el escandaloso caso del crematorio Plenitud, donde fueron hallados 383 cuerpos sin incinerar, vecinos del fraccionamiento Infonavit Casas Grandes alzaron la voz en defensa de Facundo M. R., un hombre de 64 años, humilde empleado del lugar cuya vivienda fue cateada este martes por las autoridades.
Marta, vecina de toda la vida, no dudó en salir a hablar:
“Facundo es un hombre trabajador, sin lujos ni poder. Él solo hacía lo que le decían. Los de arriba son los buenos, ustedes saben que el fraude viene de arriba. Él solo tiraba la basura”, denunció.
Con visible indignación y tristeza, la mujer narró cómo el ahora detenido regresaba a su casa después del trabajo con un galón de leche para cenar y cómo nunca mostró signos de riqueza ni poder de decisión dentro del crematorio.
La Fiscalía del Estado realizó un cateo en su domicilio, como parte del proceso legal que enfrenta por su presunta implicación en el ocultamiento de cadáveres, en lo que se ha convertido en uno de los mayores escándalos funerarios de la región.
Sin embargo, vecinos de la colonia insisten en que Facundo no tenía mando, ni acceso a decisiones clave. Su rol, dicen, era limitado a funciones básicas como limpieza y manejo de residuos, sin intervención directa en la operación formal del crematorio.
“También tenemos familiares en ese caso, y eso no nos impide reconocer que a Facundo lo están usando como chivo expiatorio”, dijo otra vecina que prefirió no dar su nombre. Las mujeres coincidieron en que la justicia debe llegar hasta los verdaderos responsables, y no recaer sobre los más vulnerables del sistema.
Varias residentes de la zona acompañaron a la familia de Facundo durante el cateo, expresando su apoyo y reprobando que las autoridades prioricen acciones contra trabajadores sin poder de decisión mientras los dueños o directivos del crematorio aún no rinden cuentas completas.
Desde que se dio a conocer el hallazgo de cientos de cuerpos sin incinerar, el caso del crematorio Plenitud ha generado indignación nacional, por las múltiples víctimas indirectas y las posibles fallas regulatorias que permitieron operar al lugar en condiciones de completa irregularidad.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer cuántas personas están detenidas ni el nivel de responsabilidad de cada una, pero organizaciones civiles y vecinos piden que la investigación no se limite a los empleados menores.
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