CIUDAD JUÁREZ, CHIH. — En un giro inesperado, la Fiscalía General del Estado (FGE) ordenó la liberación de las cuatro personas que habían sido detenidas el pasado jueves tras un operativo de rescate en el fraccionamiento Parajes de San Isidro. A pesar de que inicialmente fueron señalados como presuntos secuestradores, la autoridad ministerial no encontró elementos suficientes para consignarlos ante un juez.
De acuerdo con información oficial, los tres hombres y la mujer arrestados fueron puestos en libertad bajo reservas de ley. La decisión se tomó luego de que venciera el plazo constitucional de las 48 horas sin que se lograra robustecer la carpeta de investigación con pruebas que los vincularan directamente con el delito de privación ilegal de la libertad.
Puntos clave del caso:
Falta de querella: Trascendió que la víctima, una mujer rescatada en el domicilio de las calles Volcán Nevado de Toluca y Volcán de Santa Elena, no se presentó a ratificar la denuncia ni a declarar en contra de los señalados.
Inconsistencias: Las investigaciones preliminares no pudieron acreditar que los detenidos mantuvieran a la mujer contra su voluntad mediante el uso de la fuerza o amenazas comprobables al momento del arribo de la policía.
Estatus legal: Aunque fueron liberados, la Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación en caso de que surjan nuevos indicios o testimonios que permitan retomar el ejercicio de la acción penal.
El rescate ocurrió luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre gritos de auxilio. En su momento, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) presentó a los detenidos como una célula delictiva; sin embargo, al pasar el caso a la instancia estatal, la narrativa jurídica no se sostuvo por la falta de colaboración de la parte afectada.
La liberación de los sospechosos ha generado descontento entre los vecinos del sector suroriente, quienes habían manifestado su tranquilidad tras el operativo inicial. Este desenlace pone de relieve las dificultades que enfrentan las autoridades cuando las víctimas, por temor a represalias o falta de seguimiento, deciden no proceder legalmente.
La FGE no ha emitido un comunicado detallando si existían otros indicios, como armas o drogas, que pudieran haber servido para mantener a los sujetos bajo custodia por delitos distintos al secuestro.
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