Ciudad de México.– El cantante argentino-mexicano Laureano Brizuela volvió a colocar su caso en el centro de la polémica al exigir al Estado mexicano una indemnización de 1,600 millones de pesos, argumentando que fue víctima de persecución y daño económico tras haber pasado seis años en prisión por un supuesto fraude fiscal del que posteriormente fue absuelto.
El artista sostiene que el dinero reclamado corresponde a pérdidas económicas, daño moral y afectaciones a su carrera profesional, luego de un proceso judicial que marcó profundamente su vida personal y artística.
El conflicto legal que enfrentó Laureano Brizuela se remonta a finales de los años ochenta.
En 1989 fue acusado de fraude fiscal por presuntas irregularidades en el pago de impuestos relacionados con sus ingresos como artista. Un año después, en 1990, el cantante fue detenido y encarcelado mientras se desarrollaba el proceso judicial en su contra.
Durante varios años, el llamado “Ángel del Rock” defendió públicamente su inocencia. Finalmente, en 1996 fue absuelto de los cargos, después de permanecer aproximadamente seis años privado de su libertad.
A pesar de su liberación, el caso dejó secuelas importantes en su carrera musical y en su situación económica.
Tres décadas después de su absolución, Laureano Brizuela insiste en que el Estado mexicano debe reparar el daño ocasionado durante el proceso judicial.
El cantante argumenta que el monto de 1,600 millones de pesos cubriría:
Dinero que asegura le fue retirado sin su consentimiento
Pérdidas económicas durante su encarcelamiento
Daño moral y profesional
Reparación por la afectación a su imagen pública
Según ha señalado, su caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que en 2014 avaló el expediente, señalando que el Estado mexicano debería “reparar íntegramente” el daño causado al artista.
Sin embargo, el cantante asegura que hasta el momento ningún gobierno ha concretado una indemnización real.
Brizuela reconoce que en años recientes se han realizado algunos actos simbólicos de reconocimiento, pero considera que no son suficientes.
Entre ellos menciona:
Un doctorado honoris causa otorgado en 2015 en el Senado de la República
Una carta enviada por la Cancillería mexicana en 2019
A pesar de estos gestos, el músico sostiene que no existe una reparación económica ni legal que compense los daños sufridos durante el proceso judicial que enfrentó en los años noventa.
El propio artista ha señalado que el problema se originó por malos manejos financieros de su representante, identificado como Raúl Velasco Jr., quien presuntamente no habría declarado impuestos sobre los ingresos del cantante ni pagado a trabajadores relacionados con su equipo.
Según Brizuela, una vez iniciadas las investigaciones él fue utilizado como “chivo expiatorio” dentro del caso.
El cantante también ha mencionado que en el conflicto habrían estado involucradas figuras influyentes de la época, entre ellas el expresidente Carlos Salinas de Gortari, así como el narcotraficante Rafael Caro Quintero, lo que —según su versión— habría derivado en una campaña en su contra que terminó con su encarcelamiento.
Estas declaraciones han sido parte de la controversia que durante décadas ha rodeado el caso.
El proceso legal de Laureano Brizuela es considerado uno de los episodios más polémicos en la historia reciente del espectáculo en México, debido a la mezcla de acusaciones fiscales, política y presuntas irregularidades judiciales.
A más de 30 años de su absolución, el cantante continúa buscando que el Estado mexicano reconozca formalmente el daño que asegura haber sufrido.
Por ahora, su petición de 1,600 millones de pesos mantiene abierto el debate sobre responsabilidad del Estado y reparación de daños en casos judiciales controvertidos.
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