Ciudad de México.— Luz Aurora Sánchez, conocida en redes sociales como “La Romsa”, volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que autoridades penitenciarias localizaran un iPhone en su celda, con el cual presuntamente tomaba fotografías y grababa videos que después publicaba en su cuenta de Instagram, pese a encontrarse privada de la libertad.
De acuerdo con información oficial, el hallazgo ocurrió durante una revisión rutinaria en el Centro de Reinserción Social donde está recluida. Tras el descubrimiento, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) procedió a retirarle el dispositivo, asegurar otros objetos electrónicos y trasladarla a una zona de castigo, además de imponerle sanciones administrativas.
“La Romsa” se volvió popular en plataformas digitales por presumir lujos, viajes y presunta cercanía con integrantes de grupos criminales. Su detención, registrada en diciembre de 2024, generó amplio impacto mediático al confirmarse que enfrentaba acusaciones graves, entre ellas desaparición forzada y vinculación con la célula criminal Los Soto Jiménez.
Aunque su captura la mantiene en prisión, el caso del iPhone evidencia que continuaba proyectando su imagen e influencia desde el interior del penal, lo que reavivó el debate sobre el uso ilegal de teléfonos celulares en cárceles.
Especialistas y reportes periodísticos señalan que la posesión de celulares en centros penitenciarios no es un hecho aislado. Según datos retomados por La Jornada, más de la mitad de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión se concentran en 12 prisiones del país. En operativos de inspección, autoridades han asegurado teléfonos, chips e incluso armas, lo que apunta a fallas estructurales de control.
Analistas en seguridad advierten que cuando internos vinculados a la delincuencia organizada mantienen presencia en redes sociales, refuerzan su notoriedad e influencia, facilitan extorsiones y coordinación delictiva, y ponen en riesgo la gobernabilidad penitenciaria.
La SSC confirmó que, tras la revisión, Luz Aurora Sánchez fue reubicada en un área de mayor control, se le retuvo todo dispositivo electrónico y se le prohibió cualquier acceso a medios digitales. Las autoridades aseguraron que continuarán los operativos para inhibir el ingreso y uso de celulares dentro de los centros de reclusión.
El caso de “La Romsa” vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿quién controla realmente las cárceles cuando los reclusos siguen conectados al mundo exterior?
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