CIUDAD DE MÉXICO — La reducción de la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales será una realidad obligatoria, pero la clave ahora está en cómo implementar esta reforma de forma eficiente, sin afectar empleos ni competitividad. Por ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) convocará foros regionales de consulta y análisis en seis estados del país, del 19 de junio al 7 de julio de 2025.
La propuesta de jornada reducida, basada en el Convenio 47 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), busca mejorar el equilibrio entre vida personal y trabajo, sin que eso implique una baja en la productividad o un impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas.
Actualmente, los trabajadores mexicanos laboran en promedio más de 2,200 horas al año, muy por encima del promedio de la OCDE, que es de 1,740 horas. Sin embargo, este exceso no se ha traducido en mayor rendimiento económico, lo que ha llevado al gobierno federal a apostar por una reforma estructural con aplicación progresiva hasta 2030.
Los foros regionales se realizarán en los siguientes estados:
Ciudad de México
Nuevo León
Jalisco
Baja California
Querétaro
Quintana Roo
En estos encuentros participarán:
Representantes sindicales
Empresarios
Académicos
Organismos internacionales
Expertos laborales y actores del sector productivo
La STPS anunciará en los próximos días las sedes exactas y la metodología de participación para estos foros, cuyo propósito será diseñar un esquema que beneficie a trabajadores sin perjudicar a las empresas, y que sea adaptable a los diferentes sectores económicos del país.
Aunque se había proyectado para mediados de 2025, el proceso se adelantó tras el anuncio oficial del 1 de mayo, Día del Trabajo, donde la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la reforma será una de las prioridades de su gobierno.
“La STPS refrenda su compromiso con el equilibrio de la vida personal y laboral de las y los trabajadores”, declaró Marath Bolaños López, titular de la dependencia.
El plan contempla una implementación gradual hasta 2030, lo que permitirá un ajuste responsable en los sectores más sensibles, como manufactura, comercio y servicios.
A diferencia de iniciativas pasadas, como el aumento del salario mínimo o la eliminación del outsourcing, esta vez el gobierno involucra directamente al sector empresarial desde el inicio, lo cual ha generado mayor apertura al diálogo.
La hoja de ruta 2025-2030 plantea incluso la posibilidad de diferenciar la aplicación por tipo de empleo o giro empresarial, para garantizar que la transición no afecte la operatividad de las compañías.
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