La legislación reconoce el acceso al agua como un derecho humano y obliga a garantizar un suministro mínimo, aun en casos de adeudo
La legislación reconoce el acceso al agua como un derecho humano y obliga a garantizar un suministro mínimo, aun en casos de adeudo
Ciudad de México.– La nueva Ley General de Aguas establece que ninguna autoridad u organismo operador podrá suspender totalmente el suministro de agua potable en los hogares por falta de pago, al reconocer el acceso al agua como un derecho humano fundamental.
La normativa señala que, aunque puedan existir adeudos, las autoridades están obligadas a garantizar una cantidad mínima de agua para el consumo humano básico, en cumplimiento de estándares internacionales.
En el Capítulo Primero de la Ley General de Aguas se establece que el Estado mexicano debe asegurar el acceso al agua sin discriminación, no solo en viviendas, sino también en escuelas, centros de trabajo y espacios públicos.
El objetivo central de la ley es proteger el derecho al agua tanto para las generaciones actuales como para las futuras, mediante un uso equitativo y sustentable del recurso.
De acuerdo con el Artículo 9, el Estado mexicano deberá garantizar, bajo el principio de progresividad, el acceso y uso equitativo del agua, coordinando esfuerzos entre:
Federación
Gobiernos estatales
Municipios
Organismos operadores
Participación ciudadana
El texto legal es claro al establecer que los organismos operadores no podrán suspender totalmente el servicio de agua potable ni el saneamiento por falta de pago, debiendo suministrar al menos la cantidad mínima necesaria para el consumo humano básico.
La ley no elimina la obligación de pago por el servicio de agua potable. Lo que establece es que, aun existiendo adeudos, no se puede dejar completamente sin agua a una persona o familia, ya que se trata de un derecho humano reconocido constitucionalmente.
Los organismos operadores podrán aplicar otros mecanismos administrativos, pero deberán respetar el suministro mínimo garantizado.
Esta disposición representa un cambio significativo en la política pública del agua en México, al priorizar el bienestar social y la dignidad humana, especialmente en contextos de vulnerabilidad económica.
Especialistas señalan que ahora el reto será definir con claridad cuál es la cantidad mínima de agua garantizada y cómo se implementará de manera uniforme en todo el país.
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