“No se ocultaron, se les juntó el trabajo”, alegó la defensa; el juez determinó que sí hubo delito
Acumulación de cadáveres en espacios no autorizados será investigada durante seis meses más
CIUDAD JUÁREZ.– El escándalo del Crematorio Plenitud sigue generando indignación y repudio social tras confirmarse este viernes la vinculación a proceso penal de José Luis A. C., dueño del establecimiento, y de su empleado Facundo Teófilo M. R., señalados por los delitos de ocultamiento y conservación ilegal de cadáveres, luego del hallazgo de 383 cuerpos que debieron haber sido incinerados.
Durante la audiencia, la defensa intentó minimizar los hechos, señalando que se trataba de un tema meramente administrativo y que el exceso de cadáveres obedecía a una simple saturación operativa.
“Se les juntó el trabajo”, argumentó Mara Haydee Lagunés Ávalos, abogada defensora, quien reconoció que los cuerpos estaban apilados, pero insistió en que no estaban “escondidos”, sino visibles.
El juez no aceptó esa justificación
El juez de Control Apolinar Juárez Castro rechazó los argumentos de la defensa y afirmó que sí se configura un delito, al tratarse de una conservación consciente y silenciosa de cadáveres en un espacio no autorizado como depósito, lo que contraviene el artículo 462 fracción I de la Ley General de Salud.
“El ocultar fue no dar noticia del acumulamiento. El conservar fue mantenerlos ilícitamente. No es un lugar de depósito”, sentenció el juez.
También calificó como trato indigno el almacenamiento de cuerpos en habitaciones y hasta en una carroza funeraria abandonada, usada como bodega, además del desorden en los registros de las personas fallecidas.
Se otorgaron seis meses para investigación complementaria
La Fiscalía General del Estado solicitó y obtuvo un plazo de seis meses para continuar con la investigación. Se pretende localizar a más empleados, recabar testimonios de víctimas indirectas, así como documentos de instituciones como el Registro Civil, Protección Civil, Desarrollo Urbano, la Dirección de Salud y el IMSS.
Pese a que la defensa negó que hubiera víctimas indirectas y consideró innecesaria la identificación de los 383 cuerpos, el juez subrayó la dificultad técnica de esa labor y la necesidad de garantizar justicia y transparencia.
¿Qué sigue en el proceso?
El plazo de investigación vencerá el 4 de enero de 2026, fecha en la que la Fiscalía deberá presentar todas las pruebas descubiertas para fijar la audiencia intermedia y determinar si los acusados serán llevados a juicio formal.
Mientras tanto, continúan las exigencias de familiares y ciudadanos por una explicación clara sobre el manejo de los restos, la identificación de las víctimas, y las responsabilidades institucionales de las autoridades que fallaron en la supervisión sanitaria.